La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad que dirige María Fernández, ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una respuesta urgente para garantizar la gratuitad del transporte público colectivo terrestre en las Islas. Esta petición busca agilizar la resolución que regula el procedimiento de justificación y liquidación de las ayudas destinadas a esta medida.
El Ejecutivo manifiesta su preocupación por el retraso en la aprobación definitiva de esta resolución, clave para culminar el proceso administrativo con seguridad jurídica y sostener una iniciativa que ha supuesto un avance social importante para la ciudadanía Canaria.
Retrasos que ponen en riesgo 120 millones de euros para transporte gratuito
La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha destacado que “la gratuidad del transporte público ha sido una medida de enorme impacto social en Canarias y no podemos permitir que dificultades administrativas terminen poniendo en riesgo su estabilidad financiera ni la capacidad de gestión de los cabildos insulares”.
Los cabildos están realizando un esfuerzo económico considerable para sostener la medida, pero necesitan certezas legales y administrativas para poder cerrar el expediente correctamente antes de los plazos establecidos. La falta de resolución pone en riesgo la correcta justificación de cerca de 120 millones de euros destinados a financiar la bonificación del 100 % del transporte colectivo.
El Gobierno recuerda que la nueva resolución estatal incluye exigencias que no figuraban en la concesión aprobada el 22 de diciembre de 2025, lo que genera incertidumbre administrativa para los cabildos, responsables de la gestión descentralizada y de validar documentación de diversas administraciones y operadores.
Plazos clave y carga administrativa compleja en Canarias
La estructura insular incrementa la carga administrativa respecto a otros territorios del Estado, lo que agrava la situación frente a los plazos establecidos para justificar las ayudas, cuyo límite es el 30 de septiembre de 2026. Por ello, se solicita a Madrid que esta resolución quede aprobada antes del 31 de mayo de 2026, al tratarse de un “límite material” para evitar riesgos sobre la financiación estatal.
Fernández ha insistido en que miles de canarios usan diariamente el transporte gratuito gracias a esta bonificación y que es fundamental mantener la medida con normalidad y seguridad para todas las administraciones implicadas.
La directora general advierte también que no hay créditos habilitados aún por parte del Estado para hacer frente a los 42 millones de euros correspondientes a 2025, ni a los fondos previstos para 2026, situación que los cabildos están soportando adelantando recursos propios.
Cooperación y demanda de celeridad para preservar la bonificación
Por último, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con una relación de cooperación leal con el Ministerio y reclama que la resolución del procedimiento se agilice para garantizar la estabilidad del sistema de transporte público y la continuidad de una medida con amplio respaldo ciudadano.
