Los gobiernos de Canarias y Euskadi han expresado su preocupación a una semana de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el próximo 12 de junio. Ambos ejecutivos han denunciado que existen más incógnitas que certezas sobre su aplicación, su impacto real y las garantías para las personas migrantes, especialmente en territorios con alta llegada como Canarias.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió en Madrid durante una jornada conjunta con Euskadi que este pacto podría suponer un retroceso en los principios de la Unión Europea y generar consecuencias negativas para el archipiélago, puerta de entrada a Europa para gran parte de la migración procedente de África.
Preocupación por la solidaridad y la gestión en regiones fronterizas
Clavijo criticó que el pacto permite que países con mayores recursos opten por pagar para evitar acoger migrantes, lo que podría derivar en una Europa fragmentada en zonas pobres y fronterizas, donde los derechos humanos y la dignidad, especialmente la protección de la infancia, queden relegados. “Nos convertiríamos en centros de retención”, afirmó.
El jefe del Ejecutivo canario inauguró el encuentro celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que reunió a unas 50 ONG y entidades sociales españolas para analizar el impacto del pacto. La jornada, organizada por Islas Responsables Lab (IRLab) de Canarias y el departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, tuvo lugar pocos días antes de la histórica visita del papa León XIV a las islas, prevista para el mismo día 12, que pondrá el foco en la Ruta Atlántica y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
En la actualidad, Canarias tutela a casi 3.000 niños migrantes en sus centros. En los últimos cinco años, por las islas han entrado un total de 165.000 personas en situación migratoria.
Falta de participación y preocupación por el Reglamento de Triaje
El presidente Clavijo reiteró su crítica a que Bruselas y el Gobierno de España no hayan contado con Canarias para la elaboración del pacto ni para diseñar los planes nacionales de aplicación. “Seguimos sin herramientas o instrucciones claras para afrontar la situación a partir del 12 de junio”, lamentó.
Asimismo, mostró especial inquietud por el Reglamento de Triaje incluido en el pacto, que permite la permanencia de migrantes hasta seis meses en las islas, frente a un plazo actual que ronda el mes. Esta medida complica la gestión en un territorio ultraperiférico y fragmentado, donde ya existe una alta presión sobre recursos, empleados públicos y ONG, lo que podría agravar la saturación.
El acto contó con intervenciones de expertos que destacaron que el texto europeo contiene imprecisiones y lagunas que dificultan su aplicación en la práctica. En abril se celebró un encuentro similar en Casa África con organizaciones de Canarias, y en esta ocasión la réplica en Madrid respondió al interés creciente por clarificar el impacto real del pacto.
Euskadi reclama claridad y participación para afrontar el nuevo marco
Por su parte, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, enfatizó que el pacto “va a modificar el tablero de juego” y que no basta con conocer sus principios generales, sino que es necesario entender con detalle las nuevas reglas: responsabilidades, recursos, plazos, procedimientos y garantías para las comunidades autónomas.
Euskadi, dijo Melgosa, no pide privilegios, sino una clara participación en las decisiones que afectan a sus servicios públicos y a la convivencia. Subrayó que la política migratoria no puede diseñarse desde una lógica centralizada alejada de la realidad territorial porque las medidas europeas y nacionales impactan directamente en regiones como Canarias y Euskadi, que representan respectivamente la frontera sur y norte de España.
Además, destacó que Euskadi dispone de un Modelo Vasco de Acogida basado en la planificación, la coordinación y la participación activa del tercer sector, frente a una gestión que no puede basarse en la improvisación ni en la incertidumbre ante la aplicación del pacto, sino en una solidaridad efectiva con agenda, presupuesto, gobernanza y corresponsabilidad.
Expertos alertan sobre lagunas y dificultades prácticas
La jornada se dividió en dos paneles para analizar el marco normativo y la incidencia del pacto en los derechos humanos bajo el contexto migratorio actual en España. Participaron el comisario de Extranjería y Fronteras de Canarias, José Antonio Ayuso; el director de CEAR, Mauricio Valiente; el director de ACCEM, Enrique Barbero; el coordinador de CEPAIM, Rubén Romero Masegosa; la directora de Save the Children, Catalina Perazzo; y la investigadora principal del Real Instituto Elcano, Carmen González Enríquez.
El Gobierno español declinó la invitación a esta sesión organizada por las comunidades de Canarias y Euskadi, lo que Clavijo calificó de falta de apoyo institucional. “Esta ausencia no ayuda”, afirmó.
El comisario Ayuso detalló aspectos técnicos del procedimiento de triaje para gestionar la llegada de embarcaciones precarias a las costas canarias según el pacto, incluyendo los plazos y fases previstas. La investigadora González explicó la transformación del clima político europeo hacia políticas migratorias más restrictivas desde 2024, con mayor presión para externalizar la gestión de solicitantes de asilo.
Masegosa se centró en las políticas de retorno y alternativas a la detención migratoria previstas en el pacto, mientras Valiente analizó el acceso a procedimientos de asilo y oportunidades que ofrece el nuevo marco legal. Perazzo abordó la protección de la infancia migrante y los riesgos en la implementación, y Barbero destacó que el modelo español de acogida debe adaptarse a las nuevas directivas europeas contempladas en el pacto.
