El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes 6 de abril de 2026 un decreto ley que incluye un paquete de medidas fiscales, económicas y de apoyo directo a los sectores productivos con el objetivo de paliar los efectos de la crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Medio. Las medidas entrarán en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y requieren convalidación del Parlamento de Canarias.
Esta normativa responde a la necesidad de adaptar al archipiélago las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que no son aplicables directamente en Canarias por su régimen fiscal específico. Así se busca reforzar un escudo socioeconómico frente a un impacto que afecta especialmente a esta región ultraperiférica.
El conjunto de actuaciones presenta un coste estimado de 29,8 millones de euros, que podría aumentar hasta 60 millones anuales si la crisis persiste.
Medidas fiscales para contener el precio de la energía y los combustibles
El decreto ley establece la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluyendo combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña, con el fin de contener incrementos de precios y reducir costes para familias y empresas. Esta medida supone un coste de 14,1 millones de euros anuales y 3,9 millones para un periodo inicial de 100 días, acorde al plazo fijado por el decreto estatal.
Se incrementa además hasta el 99 % la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para sectores clave como agricultores y transportistas. Este refuerzo tendrá un coste aproximado de 19,4 millones de euros anuales y 5,3 millones en los 100 días iniciales.
Ampliación del IGIC cero a productos básicos y apoyo a autónomos
Entre las medidas de apoyo a las familias, el decreto incorpora nuevos productos esenciales a la cesta con IGIC al 0 %, como sal, mantequilla y café. Esta ampliación implicará un impacto económico estimado de 3,2 millones de euros anuales y 900.000 euros en el periodo inicial.
Para autónomos, se eleva hasta 50.000 euros el límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC y beneficiarse de la exención de declaración del impuesto. Esta modalidad voluntaria comenzará a regir de forma transitoria a partir del 1 de julio de 2026 y supone un coste estimado de 12,5 millones de euros para este año.
Apoyo al sector industrial y primario con partida extraordinaria
El decreto contempla una partida extraordinaria de 7,2 millones de euros para desarrollar actuaciones orientadas a compensar el aumento de costes energéticos y productivos en los sectores industrial y primario de Canarias.
El Gobierno de Canarias remarcó que estas medidas brindan una respuesta inmediata adaptada a las características del archipiélago y aseguran la eficacia del apoyo en un contexto de alta incertidumbre internacional.
Asimismo, el Ejecutivo insistió en la importancia de que las futuras políticas estatales incluyan una “cláusula canaria” que ajuste las actuaciones públicas a las condiciones específicas de las islas.
