El Gobierno de Canarias reclama al Ejecutivo central la inclusión de medidas para evitar la pérdida de más de 200 millones en proyectos renovables con fondos europeos
El director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, ha advertido que el Real Decreto 7/2026, aprobado en el marco del Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio, no incluye medidas para evitar que el archipiélago pierda más de 200 millones de euros en fondos europeos destinados a proyectos de energía sostenible. La Consejería de Transición Ecológica y Energía, bajo la dirección de Mariano Hernández Zapata, lamenta que la propuesta técnica y jurídica planteada por Canarias al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no haya sido incorporada en esta normativa.
Desde la Consejería explican que dicha propuesta permitiría ampliar los plazos de ejecución de los fondos Next extraordinarios para garantizar la continuidad de los proyectos sin renunciar a las metas europeas. Sin embargo, el decreto actual, según Hernández, no refleja esta ampliación, a pesar de que nace con el propósito de responder a una crisis energética internacional. “El Gobierno de España ha optado por no incorporar ninguna de estas medidas en un decreto que, precisamente, nace para dar respuesta a una crisis energética internacional”, afirmó el director general de Energía.
Rechazo a la falta de apoyo del Ejecutivo central a la transición energética canaria
Hernández considera que la situación representa “una falta de apuesta real por acelerar el despliegue de energías renovables” en Canarias, sobre todo teniendo en cuenta la inestabilidad en Oriente Medio y su impacto en el precio de los combustibles fósiles. “La decisión del Ejecutivo central supone una oportunidad perdida para reducir la dependencia energética y avanzar en la descarbonización”, añadió.
El director general destacó la contradicción que supone que España defienda en Europa el liderazgo en transición energética y la soberanía energética apostando por energías autóctonas, mientras que en la práctica se rechazan medidas que permitirían consolidar estos avances en territorios como Canarias. Criticó también que no se exija al Gobierno central algo que sí concede a instituciones propias, como es el caso del Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía (IDAE) con las ayudas a la geotermia.
Silencio del ministro Ángel Víctor Torres sobre la pérdida de fondos para Canarias
Desde la Consejería de Transición Ecológica se señala el silencio del ministro y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ante esta decisión que podría derivar en la pérdida de más de 200 millones de euros en inversiones energéticas para el archipiélago. Torres conoce “de primera mano las dificultades estructurales” para ejecutar proyectos energéticos a gran escala en la comunidad autónoma, lo que hace incomprensible que no haya defendido estas medidas en el Consejo de Ministros.
Alberto Hernández reclamó que “Canarias necesita que sus representantes en el Gobierno de España actúen con determinación para defender los intereses de las islas” y recordó que en territorios insulares la transición energética requiere “marcos normativos adaptados a su realidad”. Añadió además que resulta difícil entender que quien fue presidente de Canarias durante la aprobación de estos fondos no lidere ahora las soluciones para asegurar que los recursos se materialicen en proyectos efectivos.
Propuesta apoyada por sectores y entidades locales busca evitar pérdida de inversiones
El Gobierno regional está impulsando un importante esfuerzo para acelerar la justificación de las ayudas y ha celebrado numerosas jornadas con beneficiarios y organizaciones implicadas. Estos últimos requieren la ampliación de plazos para llevar adelante proyectos complejos que transformen la realidad energética canaria.
La propuesta enviada al Ministerio, según Hernández, es legal y se alinea con la normativa europea, permitiendo cumplir los hitos esenciales en 2026 sin renunciar a la ejecución de proyectos ya adjudicados. Cuenta además con el respaldo del tejido empresarial, sector energético, cabildos y ayuntamientos, que han advertido sobre las dificultades reales para cumplir los plazos actuales.
“Sin una adaptación normativa, existe un riesgo real de pérdida de inversiones estratégicas para Canarias”, puntualizó Hernández, lo que implicaría un freno al desarrollo de proyectos clave para el futuro energético de las islas. Por ello, desde la Consejería se reclama que el Gobierno de España rectifique y adopte medidas urgentes que permitan ejecutar los fondos comprometidos, evitando que Canarias quede en desventaja en el proceso de transición energética.
