El Gobierno de Canarias ha dado luz verde a un gasto plurianual destinado a la contratación de un servicio integral de vigilancia y seguridad física para los edificios que albergan sedes de los órganos de la Administración de Justicia en el archipiélago. Esta medida, que se realiza con un importe total de 22.245.273,23 euros, incluye el IGIC y tendrá una duración de 36 meses, comenzando el 1 de diciembre de 2026.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, fue la encargada de presentar la propuesta al Consejo de Gobierno, que busca facilitar la licitación del servicio. El presupuesto contempla los términos del nuevo convenio colectivo aplicable a las empresas de seguridad, el cual ha sido registrado en la Dirección General del Trabajo.
Entre las funciones que cubrirá este servicio se encuentran la vigilancia presencial de las sedes judiciales, control de accesos, rondas de seguridad, así como la apertura y cierre de edificios. También se contempla la actuación ante incidencias y emergencias, la custodia y protección de las instalaciones, la videovigilancia y la gestión del centro de control dependiente de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Además, el Consejo de Gobierno ha acordado informar al Parlamento de Canarias sobre la autorización de este gasto, asegurando así la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
