El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este lunes la propuesta de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, una norma vigente desde 2017 que será actualizada para simplificar y racionalizar la gestión del territorio, según explicó Manuel Miranda, consejero de Política Territorial. Esta actualización busca responder a las necesidades actuales del archipiélago y preparar el documento para su debate parlamentario previsto antes de finalizar julio.
El texto, elaborado durante más de un año con la participación de más de 700 profesionales de los ámbitos público y privado en 17 foros distintos, incluye importantes modificaciones destinadas a agilizar los procedimientos administrativos y reforzar las medidas contra las infracciones medioambientales y urbanísticas.
Trámite parlamentario y proceso participativo
Una vez aprobado por el Ejecutivo, el proyecto será remitido al Consejo Consultivo para su análisis jurídico. Tras este paso, se registrará en el Parlamento de Canarias antes de finales de julio, donde comenzará el debate político sobre su contenido.
El consejero Manuel Miranda destacó que la ley vigente ha permitido la introducción de cerca de 250 modificaciones al planeamiento territorial. Sin embargo, remarcó la necesidad de seguir avanzando en la simplificación y racionalización de los procedimientos para adaptarse a los retos actuales.
En los últimos dos años, la Consejería ya ha impulsado varias modificaciones a través de decretos para dar respuesta a demandas de ayuntamientos y cabildos, especialmente en áreas clave como la vivienda y la demografía. Entre estas medidas figuran la agilización de licencias, el apoyo a municipios con menos de 10.000 habitantes y la mejora de la seguridad jurídica en procedimientos urbanísticos.
Aumento de sanciones y reducción de carga administrativa
La actualización de la ley endurece las sanciones por infracciones territoriales. Por ejemplo, el importe mínimo de las multas por infracciones leves asciende de 60 a 300 euros. Además, la Agencia de Protección del Medio Ambiente podrá actuar durante 9 meses en lugar de 6, y el plazo de prescripción de sanciones urbanísticas se prolonga de 4 hasta 8 años, evitando que las ilegalidades puedan quedar impunes.
La propuesta también simplifica los trámites para la aprobación de planes generales, eliminando fases obligatorias y reduciendo la documentación necesaria en aproximadamente un 40%. Esto pretende acelerar la gestión territorial y facilitar la toma de decisiones.
Respuestas a la crisis de vivienda y apoyo rural
La actualización de la ley incluye medidas específicas para afrontar la crisis habitacional que sufre Canarias. Entre ellas destaca el incremento del porcentaje de suelo destinado a vivienda pública y la cesión obligatoria de terrenos para la construcción.
Asimismo, se refuerza el apoyo a los municipios con menos de 10.000 habitantes, ampliando las posibilidades de edificación en zonas rurales y promoviendo la centralización de servicios básicos para fomentar el desarrollo local y generar oportunidades.
Para el sector primario, se establecen facilidades relacionadas con la vivienda asociada a actividades agrarias y el uso complementario de terrenos, así como la consolidación del régimen de declaraciones responsables y comunicaciones previas. Estas medidas buscan, señaló Miranda, «aportar mayor seguridad jurídica a los emprendedores en el sector primario de Canarias».
Clave para afrontar retos territoriales y demográficos
Manuel Miranda calificó la propuesta como «clave para dar respuesta ágil a desafíos como la protección del territorio, la necesidad de construir viviendas o la atención al reto demográfico en las islas». Confió en que, al entrar en el Parlamento, se genere un «enriquecedor debate político» que contribuya a perfeccionar esta actualización normativa y a fortalecer la gestión territorial en Canarias.
