La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reclamó hoy una financiación estable, suficiente y proporcional para el Sistema de Atención a la Dependencia que permita avanzar hacia el modelo establecido en la Ley de Dependencia. En su intervención en el Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado el 29 de junio en el Ministerio de Servicios Sociales, la consejera subrayó que Canarias espera aclarar cómo y cuándo se concretará la ampliación de financiación anunciada por el Gobierno de España para todas las comunidades autónomas.
“Valoramos cualquier incremento de financiación estatal porque supone una mejora para las personas beneficiarias, pero debemos analizarlo con rigor: la cuestión no es solo si Canarias recibe más fondos, sino si esa aportación cubre realmente la parte que corresponde al Estado y si permite compensar el coste real del sistema”, afirmó Delgado. También advirtió que no se debe crear falsas expectativas, ya que esta financiación “aún tiene que ser aprobada en el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría”, y supone “jugar con la esperanza de la ciudadanía que ha soportado la infrafinanciación estatal durante años”.
Canarias soporta un esfuerzo mayor que el estatal y reclama modelo equilibrado
La consejera recordó que la Ley de Dependencia establece que la financiación debe ser equilibrada entre Estado y comunidades autónomas, pero Canarias ha realizado un esfuerzo mucho mayor al previsto, sufragando junto a los cabildos buena parte del coste del sistema. Este nuevo incremento que se negocia, aunque positivo, no es estructural y podría ser temporal, según lo planteado por varias comunidades autónomas, incluida Canarias, que temen que si se aprueba, su mantenimiento futuro recaiga exclusivamente en las autonomías.
Los datos oficiales revelan que el gasto autonómico en dependencia ascendió a 403,9 millones de euros en 2025, mientras que la aportación estatal fue de aproximadamente 101,8 millones, dejando aún lejos el equilibrio que marca la normativa. Delgado enfatizó además las características singulares de Canarias como territorio insular y ultraperiférico, con mayores costes de transporte y dificultades para lograr economías de escala en la prestación de servicios.
Incremento de fondos y mejora en indicadores de gestión en 2026
En la reunión también se confirmó que Canarias recibirá en 2026 un total de 44,2 millones de euros del Nivel Acordado, frente a los 23 millones del año anterior, lo que representa un incremento del 92%. Esta mejora refleja avances en los indicadores de gestión del sistema, con más personas atendidas, mayor reconocimiento de prestaciones y una reducción de los tiempos de tramitación.
Delgado destacó que este aumento es un reconocimiento al esfuerzo realizado para potenciar la atención a la dependencia, pero insistió en que la financiación estatal debe seguir evolucionando hasta alcanzar el equilibrio que marca la Ley de Dependencia, y que tenga en cuenta las particularidades del archipiélago.
Gestión eficiente y aumento de prestaciones reconocidas
La consejera apuntó que la nómina destinada a dependencia ha pasado de algo más de 8 millones mensuales al inicio de la legislatura a cerca de 16 millones mensuales en 2026. Este incremento no es un gasto sin control, sino que refleja más resoluciones, programas individuales y personas que acceden a sus derechos.
Los datos son claros: entre 2023 y la estimación para 2026, la nómina anual ha subido de 95,52 millones a 189,43 millones, casi el doble, fruto del reconocimiento creciente de derechos. Por otro lado, la reducción de tiempos para resolver prestaciones es notable, con un descenso del 91,9% en el número de personas pendientes de resolución y una disminución del tiempo medio de 782 días en julio de 2023 a 335 días en mayo de 2026.
Financiación del tramo autonómico y colaboración con el Estado
En cuanto al tramo autonómico del 0,7% del IRPF, Canarias recibirá 22,43 millones de euros en 2026, manteniendo su peso relativo en el reparto estatal. Delgado señaló que estos fondos se distribuyen según criterios sociales y territoriales, y es fundamental que reflejen con precisión la realidad particular de territorios como Canarias.
La consejera concluyó que Canarias seguirá colaborando con el Estado para mejorar el sistema, pero sin renunciar a una financiación justa, pues “hemos demostrado que cuando se mejora la gestión, más personas acceden a sus derechos. Ahora necesitamos que la financiación acompañe ese esfuerzo y reconozca el coste real de atender la dependencia en las islas”.
