La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, destacó el 9 de octubre el avance que supone la nueva Ley de Movilidad Sostenible al incluir de forma expresa el reconocimiento de la singularidad canaria, lo que permitirá al Archipiélago acceder a la distribución de fondos europeos adaptados a su realidad territorial y económica.
Fernández explicó que este reconocimiento es fruto de un trabajo constante de dos años de legislatura, en el que la Dirección General de Transportes y Movilidad ha mantenido un diálogo permanente con responsables del Ministerio para trasladar la realidad insular. Estas gestiones han conseguido que la ley permita garantizar la participación efectiva de Canarias en las decisiones y en la asignación de la financiación europea destinada a la movilidad sostenible.
Reconocimiento de la ultraperiferia y acceso a fondos europeos
La directora general subrayó que la nueva norma reconoce la condición de región ultraperiférica de Canarias, «hechos diferenciales en la toma de decisiones que ahora permiten a las Islas acceder a un reparto de financiación adaptada a la realidad del Archipiélago, algo que anteriormente no era posible».
Gracias a esta ley, añadió, Canarias podrá acceder de forma más justa a los recursos vinculados a la movilidad sostenible. Esta normativa está vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuya aprobación era imprescindible para que España pudiera obtener cerca de 10.000 millones de euros entre 2025 y 2026.
Estos fondos europeos, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, se destinan a inversiones y reformas para la descarbonización, digitalización y modernización del transporte. Parte de estas partidas irán a actuaciones prioritarias en movilidad sostenible, conectada y segura, impulsando la modernización del transporte público, la transición energética de las flotas, la movilidad eléctrica y ciclista, y la renovación hacia modelos de bajas emisiones.
Financiación estatal para los trenes de Gran Canaria y Tenerife
Una de las enmiendas clave incluidas en la Ley es el reconocimiento de las infraestructuras ferroviarias de Gran Canaria y Tenerife como proyectos estratégicos, lo que implica su financiación por parte del Estado. Según Fernández, es la primera vez que un texto legal contempla expresamente este carácter estratégico.
La directora recordó que en septiembre pasado se firmaron los protocolos de los trenes, un paso previo fundamental hacia un convenio plurianual, y que esta norma refuerza el compromiso público con las infraestructuras ferroviarias de ambas islas.
Resolución en recepción anticipada de fondos para gratuidad en el transporte público
La segunda enmienda, aunque menos visible, tiene gran trascendencia. Se ha corregido un problema jurídico que impedía a Canarias recibir de forma anticipada los fondos destinados a la gratuidad del transporte público —guaguas y tranvía—, resuelto tras revisar el procedimiento establecido en un real decreto aprobado anteriormente.
Fernández explicó que, gracias a esta modificación, Canarias podrá recibir en 2025 lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado sin retrasos hasta 2026, un avance crucial para mantener esta medida social que beneficia a miles de personas diariamente.
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias expresó su deseo de que los trámites administrativos se agilicen para que Canarias y sus Cabildos puedan disponer lo antes posible de la financiación correspondiente.
