El Gobierno de Canarias ha insistido en la importancia de que los territorios frontera tengan voz en el diseño de las políticas migratorias tanto de España como de la Unión Europea (UE). Esta petición cobra especial relevancia tras el pasado episodio en Ceuta con la llegada de 72.000 personas desde Marruecos y cerca de 200 fallecimientos.
Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente, afirmó que los hechos en Ceuta “demuestran que Europa necesita un protocolo coordinado de respuesta ante crisis migratorias extraordinarias en sus fronteras exteriores”.
Protocolo europeo para crisis migratorias
Caraballo destacó que “no podemos improvisar cada vez que se produce una situación de esta magnitud, sino que deben estar definidos de antemano los mecanismos de coordinación entre la Unión Europea, el Estado y los territorios frontera”. Añadió que estos mecanismos deben incluir “quién toma las decisiones, qué recursos se activan, cómo se garantiza la atención humanitaria y la protección de los menores y cómo opera la solidaridad de los territorios”.
Canarias lleva años reclamando pasar de la gestión de emergencias a la anticipación, explicó el viceconsejero. Por ello, un protocolo europeo permitiría que ante crisis como la de Ceuta o llegadas extraordinarias al archipiélago se puedan definir desde el inicio las responsabilidades y acciones de cada administración.
Además, instó a Bruselas a implementar medidas específicas para los territorios en primera línea de la gestión migratoria, incluyendo “más solidaridad, financiación, protección real a los menores y un enfoque atlántico del reto migratorio”. Subrayó que esto no será posible “sin que las regiones que somos la frontera exterior de la UE tengamos presencia y voz en los proyectos que se impulsan desde las instituciones comunitarias”.
Críticas a la exclusión en decisiones migratorias
El viceconsejero criticó que ni el Gobierno español ni la Comisión Europea cuentan con Canarias a la hora de establecer sus políticas migratorias. Este hecho quedó patente con la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, vigente desde hace dos meses, que “además de dejarnos fuera en su diseño, no nos aportó ninguna información, pese a que somos la gran puerta de entrada del continente africano a Europa y las medidas que contempla nos afectan directamente”.
Tampoco el Gobierno de España integró a la comunidad autónoma en el desarrollo de sus planes nacionales sobre migración, denunció Caraballo.
El papel activo de Canarias en la Ruta Atlántica
Estas cuestiones se abordaron en un taller de inteligencia colectiva organizado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) y el Gobierno de Canarias. En sus conclusiones, se señaló que el papel del archipiélago no debe limitarse exclusivamente a territorio receptor u observador en la gestión migratoria.
Por el contrario, la experiencia operativa y humanitaria en primera línea debe traducirse en una “presencia estable” en los espacios de decisión nacionales y europeos. Esto incluye los mecanismos de coordinación con el Gobierno central, la participación en los diálogos migratorios de la UE con terceros países y la representación en los foros donde se negocian acuerdos que afectan directamente a la Ruta Atlántica.
Se subrayó que la migración en esta zona no debe entenderse ni gestionarse sólo como un fenómeno marítimo ni como una crisis propia de Canarias, España o la UE. Es la expresión visible de un sistema regional complejo, vinculado a conflictos, inseguridad, transformaciones socioeconómicas, aspiraciones juveniles, redes familiares y diaspóricas, cooperación en seguridad, economías informales y actividades ilícitas.
Estrategias para una gobernanza anticipatoria
En el foro denominado Ruta Atlántica, Sahel y Canarias. De la contención de las salidas a una gobernanza anticipatoria de la migración, participaron representantes institucionales, fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales, actores humanitarios, sociedad civil, investigadores y expertos de Europa y África.
Se plantearon orientaciones estratégicas para reforzar la coherencia de las respuestas públicas frente a las dinámicas migratorias que conectan África Occidental, el Sahel y Canarias.
Entre las propuestas destacan una estrategia duradera para reducir la rentabilidad de las economías criminales, garantizar la protección continua a lo largo de los corredores migratorios, ampliar las posibilidades de movilidad legal y circular, invertir en formación y empleo a nivel territorial, involucrar a familias y diaspóricas, proteger específicamente a mujeres y menores, y anticipar los efectos no intencionados de los acuerdos migratorios.
Canarias, por su situación geográfica en primera línea de la Ruta Atlántica y su experiencia operativa, institucional y humanitaria, puede desempeñar un papel estratégico. Su posición facilita convertirse en una plataforma de diálogo, anticipación, cooperación descentralizada y producción de conocimiento entre Europa, España y África Occidental.
