El Gobierno de Canarias ha remitido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una petición oficial para modificar la Ley de Dependencia con el fin de proteger las ayudas que reciben las personas vulnerables. La consejera Candelaria Delgado, responsable de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, solicitó el 14 de agosto de 2026 al ministro Pablo Bustinduy la supresión de las deducciones automáticas que actualmente se aplican a las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).
La normativa vigente establece en su artículo 31 que las personas que reciben ayuda por dependencia deben descontar de esa prestación el importe de otras ayudas similares que perciban de otros regímenes públicos. Este sistema reduce complementos claves, como los destinados a gran incapacidad, discapacidad severa en hijos mayores de edad, necesidad de tercera persona en pensiones no contributivas y subsidios para ayuda de tercera persona.
Impacto de las deducciones en los dependientes
En la carta, Candelaria Delgado enfatiza que este esquema provoca que «el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia no se traduzca íntegramente en un incremento de los recursos disponibles para atender las necesidades reales» de las personas beneficiarias. Las deducciones neutralizan los derechos y cronifican la insuficiencia de recursos en los hogares donde las familias manejan múltiples situaciones complejas de discapacidad y dependencia.
La consejera señala que «las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden con frecuencia lo que cubre una sola prestación», requiriendo cuidados, supervisión, ayudas técnicas, adaptaciones del hogar, movilidad y acompañamiento que inciden directamente en su autonomía y calidad de vida.
Extensión de derechos y financiación estatal necesaria
La Propuesta de modificación de la ley está en trámite en el Senado y contempla eliminar las deducciones solo para el nuevo Grado III+ de dependencia extrema. El Ejecutivo canario valora este avance pero considera insuficiente limitarlo a este grado y reclama que la compatibilidad total se extienda también a las personas reconocidas en los Grados I y II, quienes afrontan costes elevados.
Además, el Gobierno de Canarias advierte de que la ampliación de derechos debe ir acompañada de una partida económica estatal adecuada, para evitar trasladar exclusivamente a las comunidades autónomas «el coste derivado de la modificación». Según la carta, es necesaria una «evaluación económica y previsión suficiente de financiación» para que esta mejora sea efectiva y sostenible.
Reformas en la Ley de Servicios Sociales de Canarias
Simultáneamente, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el 14 de agosto de 2026 un decreto que modifica la Ley Canaria de Servicios Sociales para adaptar la regulación sobre acreditación, calidad y funcionamiento de centros y servicios de promoción de la autonomía personal y atención a personas dependientes.
Esta reforma habilita la presentación de declaración responsable para la apertura y puesta en marcha de centros, simplificando los procedimientos administrativos. Con ello, se busca mejorar la capacidad del sistema para atender las prestaciones reconocidas y permitir que la Administración actúe ante insuficiencias de plazas, demoras, urgencias sociales, continuidad asistencial, cohesión o desequilibrios territoriales.
Con estas iniciativas, el Gobierno de Canarias persigue garantizar que las ayudas a personas dependientes cumplan su función real de apoyo, promoviendo un modelo más justo, administrativo y financieramente sostenible.
