La consejera Candelaria Delgado solicita al Gobierno estatal que las ayudas por dependencia no resten otras prestaciones, para mejorar la atención a personas vulnerables
El Gobierno de Canarias ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 un cambio fundamental en la Ley de Dependencia. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, envió una carta al ministro Pablo Bustinduy para pedir la supresión definitiva de las deducciones automáticas que afectan a beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).
Este sistema actual, previsto en el artículo 31 de la norma, obliga a descontar de la ayuda por dependencia el importe de otras prestaciones similares recibidas de regímenes públicos, como la gran incapacidad o el subsidio por necesidad de tercera persona.
Impacto real en las personas dependientes
Delgado subraya en la misiva el perjuicio que esta deducción genera en los hogares. “Cuando la cuantía reconocida se reduce por la percepción previa de otras ayudas, el derecho a una nueva prestación no implica un aumento real de recursos para atender las necesidades de la persona beneficiaria”, explicó la consejera.
Estas deducciones, según señaló, cronifican la insuficiencia de recursos para cuidados, sobre todo en familias con diversas situaciones de discapacidad y dependencia simultáneas. La atención requerida en estos casos suele superar lo que una ayuda única cubre, incluyendo cuidados personales, supervisión, productos de apoyo o adaptaciones del hogar.
“Las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden frecuentemente lo que cubre una sola prestación y precisan acompañamiento, movilidad, cuidados continuados y otros gastos vinculados a su calidad de vida”, puntualizó Delgado.
Reclamo de financiación estatal y ampliación de derechos
El debate sobre esta cuestión se encuentra en el Senado, donde actualmente se propone eliminar las deducciones solo para casos extremos de dependencia (Grado III+). Canarias valora este avance pero pide que se extienda la medida a los Grados I y II, cuyos costes también son elevados.
El Ejecutivo canario insiste en que la ampliación debe contar con financiación estatal suficiente para no dejar toda la carga económica a las comunidades autónomas. “Es necesario que esta modificación se acompañe de una evaluación económica y una previsión de recursos adecuada para que los nuevos derechos sean efectivos sin presionar las finanzas regionales”, advirtió la consejera.
Con esta iniciativa, Canarias pretende liderar un modelo de atención basado en la dignidad humana, facilitando la gestión administrativa y asegurando que las ayudas cumplan su función de apoyo real a las familias.
Actualización de la ley canaria de servicios sociales
Por otra parte, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado el decreto que modifica la Ley de Servicios Sociales de Canarias para adaptar la regulación a un nuevo modelo sobre el funcionamiento, acreditación y calidad de centros y servicios de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.
Esta reforma permitirá simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la puesta en marcha de centros y servicios mediante una declaración responsable, reforzando la capacidad del sistema para ofrecer los recursos necesarios.
Así, la Administración autonómica podrá intervenir ante insuficiencias de plazas, demoras en el acceso a prestaciones, situaciones de urgencia social, necesidad de continuidad asistencial, cohesión social o desequilibrios territoriales, garantizando una atención más eficaz.
