El Gobierno de Canarias ha concedido cerca de 16 millones de euros (15.995.948 €) en subvenciones a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría para asegurar la prestación de la atención jurídica gratuita y el turno de oficio durante el primer semestre de 2026. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, informó sobre estas concesiones al Consejo de Gobierno en la sesión celebrada este lunes.
Las aportaciones económicas tienen como objetivo cubrir los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de este servicio, según detalló la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Los beneficiarios son los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, junto con los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Reparto y funciones de los colegios subvencionados
Estos colegios profesionales se encargan de retribuir a los abogados y procuradores que forman parte del turno de oficio, quienes prestan defensa jurídica a personas sin recursos suficientes para afrontar gastos legales. Así, se garantiza el acceso a la justicia para colectivos en situación de vulnerabilidad económica.
El presupuesto asignado para 2026 también contempla un incremento del 7 % en los baremos de retribución de los servicios que ejercen estos profesionales. Esta subida se suma al 15 % aplicado en 2025, mientras que en 2027 está previsto un nuevo aumento del 8 %. Con estas medidas, se alcanzará un aumento acumulado del 30 % en las cuantías retributivas conforme al acuerdo firmado con los colegios, que garantiza la actualización en función del IPC.
Costes adicionales y servicios complementarios
Además de los gastos generales de la justicia gratuita, las subvenciones incluyen la financiación de la asistencia jurídica a las personas migrantes que llegan por vía marítima a las costas canarias. Este servicio sigue sin ser abonado por el Estado, lo que supone una carga adicional para la comunidad autónoma.
La continuidada de estas subvenciones evidencia el compromiso del Gobierno regional por mantener el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, especialmente a quienes enfrentan situaciones económicas difíciles, a través de un sistema de atención jurídica gratuita eficiente y actualizado.
