El Gobierno de Canarias inicia una inspección en 78 estaciones de servicio del Archipiélago para aclarar si existe abuso en la fijación de precios y proteger a consumidores y autónomos
Campaña de inspección en estaciones de servicio del Archipiélago
El 16 de junio, Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, anunció el comienzo de una campaña inspeccional que abarcará 78 estaciones de servicio distribuidas por todo el Archipiélago. El objetivo es analizar el funcionamiento del mercado de combustibles en Canarias y esclarecer las causas de las disfunciones identificadas en los informes elaborados por la Dirección General de Comercio y Consumo.
Una de las principales irregularidades detectadas es la existencia de una asimetría estructural en la traslación de los precios internacionales al surtidor. Cuando el precio del petróleo sube, el encarecimiento se traslada a las estaciones en un plazo de 48 a 72 horas. En cambio, cuando el crudo baja, la reducción tarda entre 10 y 13 días en reflejarse parcialmente a los consumidores. Este fenómeno, conocido como el efecto cohete y el efecto pluma, afecta directamente a las familias, autónomos y la economía canaria en general.
Domínguez aseguró que esta actuación surge de “una preocupación clara por el impacto de esta situación sobre la ciudadanía”. Añadió que “nos sorprendió que los combustibles subieran de forma casi inmediata en el Archipiélago y, por eso, hemos querido analizar con rigor qué ha ocurrido y si estamos ante un comportamiento normal del mercado o ante una situación anómala”.
Alta concentración del mercado y transparencia en precios
El informe también pone de manifiesto una gran concentración del mercado, donde cuatro grandes enseñas controlan el 76,7 % de las estaciones de servicio en Canarias. La presencia de operadores independientes es muy limitada, lo que justifica la necesidad de intervenir para garantizar una mayor transparencia en el sector.
Por ello, la campaña se centrará en un requerimiento formal de documentación a los operadores seleccionados para obtener información detallada sobre su política de precios durante el periodo analizado. La finalidad es determinar si las diferencias en precios responden a dinámicas propias del mercado o si existen motivos para adoptar nuevas medidas regulatorias.
La inspección se realizará mediante encomienda por el servicio de inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo. Una vez recopilados los datos, estos serán evaluados por el Servicio de Defensa de la Competencia de la Viceconsejería de Economía, que decidirá si archiva las actuaciones o inicia un expediente sancionador.
Compromiso del Gobierno frente a posibles abusos
Manuel Domínguez afirmó que, si se constata “que ha habido una conducta irregular o un abuso, el Gobierno actuará en consecuencia, porque no vamos a dejar pasar una situación que perjudica a los consumidores canarios”.
Subrayó que esta medida tiene como prioridad “defender el interés general en un ámbito que afecta de forma directa al coste de la vida, a la movilidad y a la competitividad de las empresas canarias”. Con esta actuación, el Ejecutivo busca garantizar condiciones justas en el mercado de combustibles, fundamental para la economía y el día a día en Canarias.
