La Comisión Mixta Canarias-Estado ha alcanzado este martes un acuerdo para implementar una nueva metodología de cálculo en las compensaciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías hacia y entre las islas Canarias. La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, valoró el acuerdo como “positivo” y destacó que la revisión es necesaria para reflejar con mayor justicia los verdaderos costes que soportan las empresas canarias.
Actualización que incorpora nuevos costes y realidades territoriales
El nuevo sistema incorpora gastos que hasta ahora quedaban fuera de las compensaciones oficiales, tales como los costes derivados de la doble y triple insularidad y otros sobrecostes vinculados a la condición de región ultraperiférica. Además, esta comisión ha solicitado incluir específicamente los gastos fitosanitarios y de mercancías relacionadas con la economía circular.
Asimismo, para el cálculo de costes como fletes, gestión, manipulación, tasas portuarias y aeroportuarias, seguridad, recargos (BAF), fletes especiales, alquiler de unidades perecederas y retornos en vacío, se acordó utilizar como referencia a operadores que trabajan en Canarias y no compañías internacionales. Esta medida permite que los costes sean más ajustados a las circunstancias reales del archipiélago.
Para María Fernández, esta actualización “permitirá que las empresas del sector industrial y primario compitan en condiciones más equilibradas con el resto del territorio nacional, reduciendo la desventaja que implica la lejanía y fragmentación del archipiélago”.
Impacto directo en el coste para las familias canarias
La directora general subrayó que el propósito final es que las ayudas se adapten a los costes reales que las mercancías soportan al llegar a Canarias. Según Fernández, “cuando los costes de referencia no se ajustan, las compensaciones son insuficientes y la diferencia repercute en el precio final de numerosos productos que consumen las familias canarias”.
La actualización acordada puede contribuir a contener el precio de bienes de consumo, siempre que los compromisos se materialicen en la normativa estatal y se certifique una aplicación estable en el tiempo. Entre los acuerdos también figura la creación de criterios objetivos para revisar los costes en situaciones excepcionales, como conflictos internacionales o aumentos bruscos en los gastos de producción y transporte.
Esta medida busca aportar una mayor seguridad jurídica y evitar periodos prolongados sin actualizaciones, situación que se produjo desde 2019 a pesar de la pandemia, la crisis energética y los conflictos internacionales.
Próximos pasos en la regulación estatal
El siguiente paso corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que deberá incorporar estos acuerdos a la metodología oficial y modificar los reales decretos que regulan las ayudas. Fernández confía en que la próxima orden de costes tipo, prevista para los próximos meses, integre parte de estos cambios y que el Gobierno de España remita pronto el borrador del Real Decreto para completar el proceso.
“Hoy hemos conseguido lo más difícil, que era acordar cómo deben calcularse los costes reales del transporte en Canarias. Ahora necesitamos que esos acuerdos se conviertan en normas para que las empresas y la ciudadanía puedan beneficiarse de ellos”, concluyó la directora general.
El Gobierno de Canarias considera que estos avances en la Comisión Mixta representan un paso clave en la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y en la reivindicación de un trato adaptado a la realidad de un territorio alejado, fragmentado y ultraperiférico como el canario.
