La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario ha solicitado al Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno central que mantenga un diálogo previo y consensuado con el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza antes de ejecutar cualquier actuación en la playa de El Golfo. La petición surge ante la reciente intervención en esta zona natural sin comunicación previa con las administraciones insulares y locales implicadas.
Reclamación de coordinación institucional
El Gobierno de Canarias ha exigido reiteradamente a la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio una mejor coordinación en sus procedimientos dentro del Archipiélago. Antonio Acosta, director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, explicó que, pese a que la titularidad del dominio público corresponde al Estado, existen discrepancias sobre el alcance de las competencias gestionadas por la Comunidad Autónoma. Esta gestión se desarrolla en coordinación con los ayuntamientos, que son los principales usuarios de estos espacios.
Por ese motivo, Acosta insistió en la necesidad de que el Estado respete a las instituciones locales y acuerde, dialogue y consensúe cualquier actuación con el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza. Este llamado se produce en el marco de la retirada reciente de la escalera de acceso a la playa de El Golfo.
Falta de comunicación sobre las obras en El Golfo
El Ayuntamiento de Yaiza ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio para esclarecer el alcance de las obras realizadas en la playa, ya que no ha recibido información previa ni comunicación respecto a los objetivos, planes de obra ni posibles alternativas para el uso público del espacio afectado.
Antonio Acosta comentó que el objetivo del Gobierno de Canarias es salvaguardar los espacios naturales y el litoral del Archipiélago, pero siempre garantizando el disfrute de residentes y visitantes. Para ello, consideró imprescindible respetar la legislación vigente y compatibilizar la conservación con el uso público, contando con la colaboración entre todas las administraciones nacionales, regionales, insulares y locales.
