El Gobierno de Canarias respalda al Ayuntamiento de Pájara en la oposición al cierre sin aviso previo del acceso para vehículos a la playa del Salmo, en Costa Calma, Fuerteventura. La controversia se produce tras una actuación del Estado que no contó con el diálogo ni la coordinación de la Comunidad Autónoma, responsable de gestionar el dominio público marítimo-terrestre en las islas.
Reclaman respeto institucional y coordinación en la gestión del litoral
La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario pidió al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que respete el papel de las instituciones canarias y evite actuaciones unilaterales en la gestión del dominio público en Canarias. Según su director general, Antonio Acosta, es fundamental que el Gobierno de España coordine sus acciones con las autoridades locales, especialmente los ayuntamientos, que son los usuarios directos del territorio.
En este caso, el cierre del acceso a la playa del Salmo se realizó sin ningún aviso previo ni consulta con la Administración autonómica, lo que provocó la sorpresa e incomodidad de los vecinos y usuarios de la zona. La Dirección General canaria afirmó no tener conocimiento de esta decisión del Estado, por lo que manifestó su solidaridad con el Ayuntamiento de Pájara y su rechazo a cerrar vías de acceso al dominio público, las cuales la ley establece que deben protegerse.
Conflicto por restricciones no autorizadas en espacios naturales
Antonio Acosta criticó que ni al Gobierno de Canarias se le comunique ni se le pida permiso para colocar instalaciones que impiden el paso de vehículos o poner carteles restrictivos en la costa, como ha ocurrido en otros puntos de Fuerteventura y Lanzarote. Subrayó que estos terrenos son gestionados desde el Ejecutivo autonómico, por lo que toda medida debe consultarse y coordinarse para evitar conflictos.
Por su parte, Alexis Alonso, primer teniente de alcalde de Pájara, agradeció el apoyo recibido de la Dirección General de Costas canaria frente a la actuación estatal. Resaltó la “vital importancia” de que el acceso a los espacios naturales sea compatible con un uso consciente y seguro por parte de la ciudadanía, en un entorno que debe conservarse sin restringir injustificadamente su disfrute.
Conservación y uso público de la costa, prioridades compartidas
Antonio Acosta insistió en que lo lógico es establecer un diálogo fluido y coordinación entre el titular del dominio público (Estado), la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos usuarios. Esto permitirá compatibilizar el derecho a disfrutar del litoral con la conservación ambiental, empeño prioritario para el Gobierno de Canarias.
En definitiva, la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario defendió que la gestión de los espacios naturales y costeros canarios debe respetar la ley y buscar el equilibrio entre conservación y uso público, garantizando el acceso responsable para residentes y visitantes sin actuaciones impulsivas ni sin consenso.
