La Guardia Civil ha detenido a tres personas que lideraban una red dedicada a suministrar mano de obra barata en obras de construcción en el norte de España. Las autoridades han identificado a al menos 41 trabajadores extranjeros víctimas de explotación laboral en las comunidades de Cantabria, Asturias y País Vasco.
Los detenidos coordinaban una trama que captaba trabajadores en situación de vulnerabilidad, quienes viajaban desde sus países con la esperanza de encontrar un empleo digno. Algunos de los obreros llegaron a endeudarse con cantidades de hasta 30.000 euros para costear sus desplazamientos y estancia en España.
Investigación y modus operandi de la red
La Policía Judicial de la Guardia Civil detectó indicios de esta red el pasado verano y abrió una investigación por delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, trata de seres humanos y vulneración de derechos laborales y de extranjeros. Tras vigilancias y comprobaciones en las regiones afectadas, se identificó una empresa cuyo responsable principal desarrollaba su actividad en Bizkaia y tenía la sede económica en Vitoria-Gasteiz.
Los trabajadores estaban en una situación precaria, con dependencia total respecto a los responsables de la red que controlaban sus desplazamientos y condiciones laborales. Muchos recorrieron largas rutas migratorias, incluyendo escalas en países como Grecia e Italia antes de llegar a España.
La red organizaba el traslado diario de los empleados desde distintos puntos de Vitoria hacia obras dispersas por el norte, llegando a recorrer cientos de kilómetros cada día. En Asturias y Cantabria, los trabajadores se alojaban en viviendas en condiciones que están siendo investigadas, donde permanecían durante la semana laboral.
Colaboración con Inspección de Trabajo y operativo policial
En febrero de 2026, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se sumó a la investigación, aportando su experiencia en la vigilancia del cumplimiento laboral y la prevención de riesgos. Durante el proceso se tuvo constancia de varios accidentes laborales que requirieron atención médica y la retirada de algunos trabajadores de la actividad.
La fase final de la operación, denominada “Ambotan-Canapu”, contó con la participación de más de 70 efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) en País Vasco, Cantabria y Asturias. Se llevaron a cabo inspecciones en 10 obras, donde se detectaron irregularidades laborales en siete de ellas.
Durante el operativo se identificaron 41 trabajadores extranjeros, la mayoría en situación administrativa irregular, empleando documentación de terceros para acreditarse. Inicialmente, muchos mostraron reticencia a colaborar, pero posteriormente revelaron haber pagado sumas elevadas para acceder al mercado laboral en España.
Detenciones, registros y situación legal
Como resultado, fueron detenidas tres personas vinculadas a la dirección empresarial de la red y se investiga a una cuarta por su posible implicación. También se realizaron tres registros en inmuebles y establecimientos en Bizkaia y Álava, donde se intervino documentación y dispositivos electrónicos que están siendo analizados.
Tras las verificaciones, 40 de los 41 trabajadores se encontraban en situación irregular en España. Las diligencias están en manos de la autoridad judicial competente en Santander, que lleva la instrucción del caso.
La operación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones a medida que avance el análisis de la documentación.
Importancia de la colaboración ciudadana
Desde la Guardia Civil se recuerda la necesidad de denunciar cualquier situación de explotación laboral, trata de seres humanos o favorecimiento de la inmigración irregular. La colaboración ciudadana es fundamental para proteger a las víctimas y garantizar el respeto a los derechos laborales y humanos.
Para más información, se puede contactar con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Álava a través del teléfono 627 665 032.
