La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, denunció el 12 de mayo que un nuevo sistema de reparto estatal de financiación de la dependencia provocará una pérdida de 12,4 millones de euros para Canarias. Esta reducción se produce a pesar de que el Archipiélago es una de las comunidades que más ha avanzado en mejorar la atención a las personas dependientes en el último año.
Delgado afirmó en el Pleno del Parlamento de Canarias que el Estado castiga financieramente a la comunidad insular tras haber reducido significativamente los plazos y las listas de espera del sistema de dependencia. “El tiempo medio de resolución de expedientes ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 354 días actualmente, lo que supone una reducción de 428 días”, explicó.
Mejoras en la atención a la dependencia
La consejera destacó que la lista de espera se ha reducido en el primer trimestre de 2026 en 1.911 personas y el denominado limbo de la dependencia ha descendido un 5,1 %, la mayor bajada registrada en España. “Canarias lidera el crecimiento nacional tanto en personas beneficiarias con prestación, que crecen un 13 %, como en personas con derecho reconocido, que aumentan un 5,4 %”, añadió.
Delgado insistió en que “quedan cosas por hacer, pero los datos oficiales reflejan una mejora objetiva, medible y comparada”. Además, acusó a algunos grupos de oposición de mantener “una caricatura permanente” sobre la realidad de la situación pese a la evolución positiva reflejada en los indicadores.
Nuevo criterio estatal agrava la financiación canaria
La responsable regional recordó que la Ley de Dependencia establece que el Estado debe financiar el 50 % del sistema, compromiso que aún no se cumple en la práctica. A esta situación se suma la incorporación de un nuevo factor de corrección del 10 % en el reparto del nivel acordado, que perjudica especialmente a Canarias.
Según Delgado, este nuevo criterio genera una reducción del 32,3 % en la financiación que le correspondería por la evolución positiva de sus datos. Esta circunstancia convierte a Canarias en la comunidad autónoma más perjudicada de España en este aspecto.
“Esta decisión no responde a la corresponsabilidad ni a la cooperación institucional, sino que penaliza a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas y mejorando sus indicadores”, afirmó Delgado. “Parece que cuando mejor lo hacemos en Canarias, más trabas nos ponen desde fuera”.
Posible recurso judicial contra el Estado
Ante esta situación, Candelaria Delgado anunció que estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto. “No estamos hablando de un ajuste técnico menor, sino de una injusticia grave que perjudica a las personas dependientes de Canarias”, dijo.
La consejera afirmó que su deber es “defender los intereses de esta tierra en todas las instancias necesarias, incluidas las judiciales —como ya hicieron con el reparto de menores migrantes—, porque no se reclama ningún privilegio, sino justicia, legalidad y respeto para las personas más vulnerables”.
