El Gobierno de Canarias abre hasta el 24 de abril el plazo para que la ciudadanía contribuya al anteproyecto de ley que establecerá una regulación integral del patrimonio natural
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano Hernández Zapata, ha iniciado el periodo de información pública del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, que estará abierto hasta el 24 de abril de 2026. Este trámite forma parte del procedimiento acelerado aprobado el 13 de abril para agilizar la tramitación de esta normativa estratégica para el archipiélago.
Durante el plazo de consulta, cualquier persona, entidad u organización puede acceder al documento a través del enlace oficial y enviar aportaciones que contribuyan a mejorar el contenido de la ley antes de su aprobación definitiva.
Un paso clave para una ley participativa y adaptada a Canarias
Miguel Ángel Morcuende, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, ha señalado que “la apertura del trámite de información pública es una fase fundamental para seguir construyendo una ley sólida, participativa y adaptada a la realidad de Canarias”. Añadió que esta norma “permitirá al archipiélago contar por primera vez con un marco integral para ordenar y reforzar la protección de nuestro patrimonio natural, y este proceso permitirá incorporar el conocimiento y las aportaciones de la sociedad para mejorar su alcance y garantizar su utilidad a largo plazo”.
El anteproyecto tiene la finalidad de dotar a Canarias de una regulación propia, integral y actualizada destinada a la protección, conservación, restauración y gestión sostenible del patrimonio natural del territorio.
Contenidos principales de la futura ley de biodiversidad
Entre los aspectos que abordará la ley se encuentran la protección de la biodiversidad terrestre y marina, la recuperación de la salud de los suelos, el refuerzo de la bioseguridad frente a especies invasoras y la regulación de la biotecnología. También contempla la ordenación de las competencias entre las distintas administraciones públicas implicadas.
Además, la normativa unificará en un único texto los diversos instrumentos de planificación y gestión ambiental vigentes, lo que superará la dispersión normativa actual y reforzará la seguridad jurídica en un área fundamental para el desarrollo sostenible de Canarias.
Esta iniciativa responde a la necesidad de contar con herramientas legales eficaces que permitan afrontar los retos ambientales presentes, garantizando la coherencia en la acción pública y la defensa del territorio canario.
