La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha impulsado un protocolo de urgencias sociosanitarias junto a los cabildos insulares y el Servicio Canario de la Salud con el fin de garantizar una respuesta coordinada, homogénea y segura en todo el Archipiélago. Este martes 23, durante el Pleno del Parlamento de Canarias, la consejera Candelaria Delgado resaltó que el protocolo busca atender de manera eficaz situaciones como personas dependientes que, pese a tener alta médica, permanecen en hospitales.
Un acuerdo técnico para unificar criterios y agilizar respuestas
La titular explicó que el protocolo “ha sido fruto de un intenso trabajo técnico, documentado y participado” cuyo objetivo es disponer de un documento común para las siete islas que garantice la igualdad de criterios, refuerce la seguridad jurídica y ofrezca una respuesta eficaz frente a urgencias sociosanitarias en personas en situación de dependencia. Entre las prioridades se encuentra resolver casos de pacientes que ocupan camas hospitalarias sin precisar atención sanitaria activa.
Delgado detalló avances en los ámbitos administrativo —para agilizar el reconocimiento de la dependencia—, sociosanitario —con un circuito de coordinación entre hospitales, dependencia y cabildos— y jurídico —con colaboración de Fiscalía para proteger a personas en situación de abandono o sin apoyos familiares efectivos—.
Asimismo, puntualizó que el protocolo no crea nuevas competencias ni obligaciones para los cabildos, sino que establece el desarrollo de lo previsto en el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares para servicios a personas dependientes. En este convenio, todos los cabildos se comprometen a atender las urgencias derivadas desde la Dirección General de Dependencia, siguiendo un protocolo específico adjunto.
Procedimiento legal para derivación y gestión de recursos
El marco normativo vigente atribuye a la Comunidad Autónoma la ordenación, planificación y coordinación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la elaboración y aprobación de los Programas Individuales de Atención (PIA). La Ley 39/2006, la Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias y el Decreto 46/2025 establecen que la Dirección General de Dependencia tramita y coordina los procedimientos.
Por ello, el protocolo establece que la derivación de casos de urgencia sociosanitaria vinculados al sistema de dependencia debe realizarla la Dirección General de Dependencia, para garantizar una correcta integración en el procedimiento legal. Según Delgado, esto no altera la responsabilidad de los cabildos, que continúan gestionando servicios y asignando plazas y recursos insulares.
El sistema de coordinación ya funciona en la gestión de listas de espera para plazas sociosanitarias, mediante remisiones periódicas desde la Dirección General de Dependencia a los cabildos.
Acuerdos firmados y negociaciones previas
El texto final del protocolo ha sido firmado por los cabildos de La Palma y Lanzarote, mientras que La Gomera prevé llevarlo a su Consejo de Gobierno para aprobación próximamente.
La elaboración ha contado con un amplio proceso técnico y negociador entre febrero y marzo de 2026, con reuniones en Lanzarote, Gran Canaria y comisiones de seguimiento donde se abordaron realidades insulares, la escasez de plazas, la problemática de personas con alta médica en hospitales, la necesidad de evitar listas paralelas y la búsqueda de criterios homogéneos y seguridad jurídica.
Los cabildos aportaron propuestas sobre el circuito de derivación, valoración de urgencias, documentación y gestión en situaciones extremas. Se incorporó la posibilidad de que, en casos de extrema urgencia, los cabildos asignen inmediatamente un recurso disponible, con comunicación posterior a la Dirección General de Dependencia para formalizar el expediente.
