La modificación se formaliza como decreto ley e incluye medidas sobre biocarburantes, sociedades de garantía recíproca, AIEM y la gestión de fondos europeos. También reforma la Ley de Servicios Sociales para agilizar la apertura y acreditación de centros.
Actualización de normativa tributaria y fiscal
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este 27 de julio de 2026 una batería de modificaciones legales mediante decreto ley, impulsadas por las consejerías de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, con el objetivo de subsanar situaciones concretas y actualizar regulaciones vigentes.
Entre los cambios se incluye la incorporación de los biocarburantes dentro de la normativa tributaria, con el fin de uniformar el tratamiento fiscal de la entrega o importación de combustibles derivados del petróleo mezclados con biocarburante. Esta medida asegura coherencia entre el Impuesto General Indirecto Canario, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), el Impuesto sobre Combustibles y la exacción fiscal sobre la gasolina y el gasóleo de automoción.
Por otra parte, en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional, se elimina el criterio de territorialidad para aplicar el tipo reducido en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados a operaciones concretas de las sociedades de garantía recíproca.
Tributación temporal y medidas para fondos Next Generation
El decreto también establece un tipo de tributación excepcional y temporal del 0 % en el AIEM para la importación de dióxido de carbono, vigente hasta el 31 de marzo de 2027, con motivos principalmente operativos. Esta medida busca flexibilizar la actividad económica vinculada a este insumo.
En materia de fondos europeos, se promueven modificaciones para mejorar la gestión de los fondos Next Generation provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Se facilita la tramitación de gastos plurianuales y anticipados para evitar pérdidas, potenciando una mayor flexibilidad administrativa y mejor planificación de estos recursos económicos.
Reforma de la Ley de Servicios Sociales para agilizar centros y recursos
Finalmente, el decreto ley incluye una reforma en la Ley de Servicios Sociales de Canarias para adaptar el modelo de funcionamiento y calidad de los recursos sociales. La modificación diferencia entre la puesta en marcha de los centros y su inserción en el sistema público, permitiendo que la apertura y el inicio de actividad se realicen mediante declaración responsable, sin perjuicio de las funciones de comprobación, inspección y control por parte de la Administración.
Asimismo, la acreditación administrativa quedará limitada a los servicios concertados o financiados con fondos públicos, lo que supone una reducción considerable de los plazos para incorporar nuevos recursos sociales.
La reforma también actualiza el régimen de registro, inspección y control para hacerlo coherente con el próximo reglamento de acreditación, garantizando la seguridad jurídica tanto para la Administración como para las entidades prestadoras.
