La consejera Candelaria Delgado ha solicitado a los ministerios de Inclusión y de Interior que se restituya esta autorización para los venezolanos afectados por el sismo del pasado junio
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha remitido hoy una carta a los titulares de los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, e Interior para instar al Gobierno de España a la reactivación de la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para personas venezolanas afectadas por el terremoto de junio de 2026. La petición se acordó tras un encuentro con representantes de la asociación Solidaridad Venezuela, encabezada por Marcela Maspero, y otros integrantes del colectivo.
El escrito subraya que el terremoto del 24 de junio representa un hecho nuevo que modifica sustancialmente las condiciones previas a la suspensión de esta medida, que dejó de aplicarse el 12 de junio con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la reforma del Reglamento de Extranjería.
Un hecho nuevo que justifica la protección humanitaria
La carta argumenta que la emergencia derivada del sismo difiere de la crisis sociopolítica venezolana que motivó la autorización original desde 2018, por lo que “queda desvirtuada la premisa de normalización de la situación venezolana que sustentó la supresión del mecanismo”. En sus palabras, “la crisis que hoy motiva esta solicitud no responde a la situación política de Venezuela, sino a una catástrofe natural de enorme magnitud que genera necesidades de protección por sí misma”.
El documento recuerda que el seísmo causó víctimas mortales, miles de heridos y desaparecidos, daños estructurales severos y afectación a infraestructuras críticas, desencadenando una emergencia humanitaria que ha requerido un despliegue signficativo de ayuda internacional.
Cobertura jurídica española y compatibilidad europea
Se destaca además que la restitución de la autorización temporal tiene respaldo en el ordenamiento jurídico español, en concreto en los artículos 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, que regulan el derecho de asilo y la protección subsidiaria, y permiten conceder autorizaciones por motivos humanitarios.
Asimismo, se asegura que esta medida es compatible con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que armoniza las figuras europeas de asilo y protección subsidiaria, pero no impide a los Estados miembros activar mecanismos nacionales de protección humanitaria ante situaciones excepcionales como catástrofes naturales.
En síntesis, la consejera Delgado reclama una respuesta jurídica proporcionada y acorde con los principios de solidaridad y protección de derechos humanos para las personas venezolanas afectadas, haciendo viable la reactivación de una figura contemplada en la legislación española pero inactiva desde junio de 2026.
