Matilde Asián, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Canarias, ha valorado la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas aprobada en el Consejo de Ministros del 2 de junio de 2026, aunque ha lamentado que esta medida llegue con un retraso de seis meses, como ha sucedido en años anteriores.
La consejera ha señalado que este retraso evidencia nuevamente la «poca consideración del ministerio con las comunidades autónomas y corporaciones locales, que somos los legítimos dueños de estos fondos». Así, ha defendido que los importes son fundamentales para la elaboración y ejecución de los presupuestos autonómicos y locales, ya que son fondos ya recaudados mediante impuestos cedidos y que deben transferirse durante el primer trimestre del año.
Impacto del retraso en la gestión pública
Matilde Asián ha subrayado que el dinero es esencial para mantener servicios públicos clave como sanidad, educación, bienestar social y vivienda. “El retraso genera distorsiones en la tesorería. En vez de transferirlo, el Estado ha disfrutado de unos ingresos que correspondían a las comunidades autónomas y corporaciones locales, consiguiendo una rentabilidad financiera que solamente ha beneficiado al Estado”, ha precisado.
Este hecho ha complicado la gestión financiera de las instituciones autonómicas y municipales, afectando directamente a la planificación y prestación de los servicios esenciales para la ciudadanía de Canarias. La demora en la llegada de los fondos, según la consejera, no cuenta con una justificación adecuada dado que el dinero ya está recaudado por el Gobierno central.
Situación política y perspectivas de pago
Sobre la tramitación parlamentaria, Asián ha recordado que las entregas a cuenta ya fueron comunicadas y presentadas en el Parlamento autonómico en leyes que incluían otras medidas. Sin embargo, la incapacidad del Gobierno central para obtener una mayoría suficiente impidió su aprobación oportuna.
La consejera confía en que el ministerio de Hacienda agilice la tramitación y que los pagos de estos fondos se inicien lo antes posible para evitar más perjuicios a las cuentas públicas tanto de la comunidad autónoma como de las corporaciones locales.
