El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, prepara el primer decreto autonómico que regule los vertidos desde tierra al mar en el archipiélago. La iniciativa, liderada por Mariano H. Zapata, se encuentra en fase de consulta pública hasta el 30 de junio y busca reforzar la protección de los ecosistemas marinos mediante un marco normativo ágil y seguro.
Actualmente, la gestión de vertidos dependía de normativas estatales y orientaciones sin carácter vinculante, lo que dificultaba los procedimientos y generaba falta de homogeneidad. Con esta regulación específica, Canarias contará con un marco legal propio que simplificará trámites y mejorará la coordinación administrativa.
Una herramienta para mejorar la gestión ambiental en Canarias
Ángel Montañés, director general de Calidad Ambiental, resaltó que el decreto forma parte de un plan estratégico de la Consejería para avanzar en la conservación marina. «Canarias lleva demasiado tiempo conviviendo con una realidad que requiere soluciones decididas y planificación. Nuestro objetivo es claro: queremos que nuestras costas y nuestros entornos marinos gocen de buena salud y dispongan de las herramientas necesarias para garantizar su conservación y recuperación», afirmó.
Este marco normativo llega tras la actualización en 2025 del censo de vertidos en el archipiélago, que proporcionó una radiografía precisa del problema. «La actualización del censo fue un paso imprescindible para conocer con precisión el punto de partida. Desde entonces hemos seguido trabajando para mejorar esta situación y este decreto es una muestra más del compromiso de la Consejería», añadió Montañés.
La futura norma establecerá un procedimiento autonómico específico para la solicitud, tramitación y concesión de autorizaciones de vertido, fijando límites homogéneos de emisión y definiendo mecanismos de control y seguimiento. Además, ofrecerá mayor claridad y reforzará las garantías de protección ambiental para administraciones, empresas y ciudadanía.
Detalles y objetivos del decreto canario
El decreto contempla la creación de un procedimiento para la concesión de autorizaciones, la implantación de un canon de vertido y la regulación homogénea de los valores máximos de emisión en todo el archipiélago. También incluye la implementación de un registro público de autorizaciones que se integrará con las concesiones vinculadas al dominio público marítimo-terrestre.
Se establecerán plazos y condiciones para la revisión, renovación, caducidad y extinción de las autorizaciones, además de un régimen transitorio para adaptar las existentes. La norma contribuirá a simplificar procedimientos y facilitar el seguimiento e inspección de los vertidos autorizados, mejorando la gestión ambiental y reforzando la protección del litoral canario.
Montañés explicó que esta iniciativa mejorará la coordinación administrativa y facilitará el control de la calidad del agua costera. También destacó la apuesta de la Dirección General por la formación en esta materia, recordando la colaboración con la Universidad de La Laguna en la creación de microcredenciales para los ciudadanos interesados.
Participación ciudadana y compromiso a largo plazo
El proyecto se encuentra abierto a aportaciones a través del portal de participación ciudadana del Gobierno de Canarias hasta el 30 de junio de 2026.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía mantiene su compromiso de mejorar la calidad ambiental de las aguas litorales y proteger uno de los principales patrimonios naturales del archipiélago. La nueva regulación es una respuesta planificada y coordinada para afrontar un problema ambiental que requiere formación, control y trabajo continuado.
