La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal dedicada a proveer el material necesario para la instalación y mantenimiento de plantaciones de marihuana a gran escala. La operación “Krippy” se ha desarrollado el 27 de mayo de 2026 con la detención de cuatro personas y la investigación de dos más, dos de las cuales ya han ingresado en prisión.
Los agentes han realizado trece registros, doce en la provincia de Tarragona (Tarragona, Torredembarra, Salou y Perafort) y uno en Peligros, Granada, interviniendo 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, material tecnológico y documentación relacionada con las actividades ilícitas.
Una estructura empresarial compleja y coordinada
La investigación ha revelado que la organización operaba bajo la apariencia de una trama empresarial de venta de productos de growshop, sin actividad comercial visible al público y con una estructura jerarquizada. Las empresas funcionaban como una unidad coordinada que ofrecía un servicio integral para el cultivo ilegal, suministrando iluminación, ventilación, sistemas de riego y fertilizantes, facilitando así la instalación y mantenimiento de las plantaciones.
Este entramado compartía recursos logísticos y comerciales y contaba con plataformas de venta y gestión de personal, operando mayormente a puerta cerrada salvo en momentos puntuales de carga y descarga.
La organización mantenía una doble vía comercial: una supuestamente legal, vendiendo a otras empresas, y otra ilícita, vendiendo directamente sin factura ni trazabilidad a organizaciones criminales dedicadas al cultivo de marihuana internacional, mayoritariamente con pagos en efectivo.
Doble contabilidad y gestión de grandes sumas en efectivo
Los agentes han descubierto que la organización llevaba una doble contabilidad: una oficial declarada ante la administración y otra paralela relacionada con ingresos procedentes de ventas ilícitas. Esta contabilidad paralela, con un capital aproximado de 13 millones de euros, se gestionaba internamente para pagos a proveedores, gastos personales y para su eventual introducción en el circuito económico legal.
Durante el periodo investigado, las cuentas bancarias de los responsables registraron movimientos por un valor superior a 80 millones de euros, frente a una actividad económica declarada que no alcanzaba los 15 millones.
Además, la red operaba desde una filial en Alemania, origen de operaciones similares que facilitaban la gestión de grandes volúmenes de efectivo y ampliaban el alcance a nivel europeo aprovechando diferencias normativas.
Coordinación logística y protección de la identidad de los clientes
La organización usaba sistemas complejos de entrega indirecta y ocultación de direcciones finales, utilizando intermediarios para recibir las mercancías y preservar la identidad de sus clientes, vinculados a grandes plantaciones.
Los responsables dirigían la gestión de pedidos, fijación de precios y distribución, con pleno conocimiento del destino ilícito del material.
En el operativo han participado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cataluña y Tarragona, el Servicio Cinológico, USECIC y patrullas territoriales de Tarragona y Granada, así como agentes de la Divisió d’Investigació Criminal, Policía Científica, Unitat Canina y unidades de Seguridad Ciudadana y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d’Esquadra.
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