El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía dirigida por Mariano H. Zapata, ha decidido retomar la tramitación del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales del archipiélago, buscando establecer un marco jurídico integral para la conservación y gestión sostenible de su patrimonio natural. La tramitación se hará por la vía de urgencia debido a la necesidad de contar con una normativa actualizada y adaptada a las particularidades de Canarias.
Esta decisión supone reiniciar un proceso legislativo ya avanzado, aprovechando los trabajos técnicos y jurídicos previos, pero adaptando el texto a las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo, que señalaban deficiencias en la técnica normativa, posibles solapamientos con la legislación estatal y riesgos de inseguridad jurídica. El resultado es un texto revisado que mejora su estructura, refuerza la coherencia y elimina duplicidades.
Una normativa propia adaptada a las singularidades de Canarias
El anteproyecto permitirá a Canarias contar con una ley específica que integre y ordene los diferentes instrumentos dispersos hasta ahora para la planificación, conservación y gestión de la biodiversidad. Esta ley considerará el alto grado de endemicidad y la fragilidad de los ecosistemas insulares, adaptando la regulación a las particularidades del territorio y su elevada biodiversidad.
Entre sus principales novedades, el texto incluye la protección del medio marino y de los ecosistemas costeros, acorde con las competencias asumidas por la comunidad autónoma. Asimismo, incorpora y unifica los distintos sistemas de conocimiento científico y seguimiento ambiental existentes en las islas para mejorar la gestión de especies, hábitats y recursos naturales.
Mecanismos de coordinación y herramientas para la gestión sostenible
La futura ley establece un marco común para la planificación y conservación ambiental que incluye mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones públicas. Además, ordena los instrumentos de intervención y refuerza las herramientas destinadas a la conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural en Canarias.
Con la aprobación de este acuerdo, el anteproyecto inicia de nuevo su tramitación administrativa, que comprende la realización de informes, consultas y fases de participación pública antes de su transformación en proyecto de ley definitivo.
