El 6 de mayo de 2026, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, junto a la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, y la consejera insular de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Salud del Cabildo de La Palma, Ángeles Nieves Fernández, mantuvieron una reunión de trabajo con entidades locales dedicadas a la atención a personas en situación de dependencia. El objetivo fue informar sobre los requisitos para la acreditación oficial de recursos en esta materia.
Reducción significativa de la lista de espera en Canarias
Francisco Candil explicó que en el primer trimestre de 2026, la Consejería ha logrado incrementar en un 13 % el número de personas dependientes atendidas en Canarias y reducir en 54 días los tiempos de espera, lo que supone la mayor disminución a nivel estatal en ese periodo.
Según datos del Imserso aportados por el viceconsejero, la lista de espera se ha reducido en 1.911 personas, dato que demuestra el cambio positivo en la atención a la dependencia en el archipiélago. Para continuar esta mejora, la Consejería ha impulsado un proceso de automatización de los procedimientos y ha incrementado los recursos humanos en el servicio de Dependencia.
Además, se han organizado reuniones de trabajo en las islas para que las entidades conozcan los requisitos para acreditarse oficialmente, garantizando así la calidad de los servicios ofrecidos a la población dependiente.
Ampliación de plazas y compromiso social en La Palma
Para su parte, la consejera insular Ángeles Nieves Fernández resaltó la importancia de estas reuniones informativas impulsadas por el Gobierno de Canarias. Subrayó que una de las principales preocupaciones en La Palma es poner más plazas de atención a disposición de la ciudadanía.
En este sentido, anunció la próxima puesta en marcha de 70 plazas nuevas destinadas a la atención de personas en situación de dependencia, lo que supondrá un avance significativo en la capacidad de respuesta de la isla.
Las actuaciones del Gobierno regional y del Cabildo de La Palma reflejan un compromiso conjunto para mejorar la calidad y la accesibilidad de los recursos destinados a personas dependientes, buscando reducir la espera y atender a más usuarios con mayor eficacia.





