El Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado ampliar la investigación del caso Valka al presunto delito de cohecho y blanqueo de capitales tras descubrir un préstamo con condiciones sospechosas entre el empresario Felipe Guerra y el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento, Miguel Ángel Padrón. La investigación se centra en un préstamo de 430.000 euros destinado a financiar obras de un edificio de apartamentos en La Palma. El juez ha ordenado además el decomiso preventivo de estas propiedades y citará a ambos para nuevas declaraciones.
Ampliación de la investigación y medidas cautelares
El magistrado Rafael Passaro, a cargo del caso, dictó el lunes pasado dos autos dando paso a incluir los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales en la causa contra Felipe Guerra y Miguel Ángel Padrón. Al funcionario se le ha prohibido disponer de un inmueble de su propiedad mediante un registro de anotación preventiva. La citación judicial ordena que ambos prestan declaración por estos nuevos delitos.
Hasta ahora, la investigación judicial se centraba en posibles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude y malversación. Sin embargo, la aparición de un contrato de préstamo ha provocado la ampliación formal de la investigación.
El préstamo sospechoso y su origen
La Fiscalía, a través del fiscal Javier Ródenas, detectó un archivo en el móvil de Miguel Ángel Padrón con documentos relacionados con un préstamo otorgado por la empresa de Felipe Guerra, Guerra Patrimonial FGG. Este préstamo cubría el 70% de las obras de un edificio de apartamentos promovido por el funcionario en La Palma, con un máximo de 430.000 euros y se materializó en un total de 407.184,3 euros entre mayo de 2019 y marzo de 2020.
El Ministerio Fiscal considera que el préstamo tiene condiciones «ilógicamente ventajosas para el funcionario público» y «groseramente perjudiciales para la empresa», ya que el interés es cero, sin amortizaciones y con devolución libre hasta el año 2035. Estas circunstancias sugieren para el fiscal una simulación para encubrir una dádiva o soborno.
Implicaciones y posible trato preferencial en contratos públicos
El fiscal argumenta que el préstamo no buscaba un beneficio financiero para la empresa prestamista sino asegurar una ventaja para Felipe Guerra en la adjudicación de contratos públicos gestionados por Miguel Ángel Padrón. El préstamo estaría vinculado a la adjudicación en diciembre de 2019 de un contrato de suministro de agua de riego a la empresa de Guerra, por un importe de 750.000 euros y un plazo de tres años.
Además, la Fiscalía señala que tanto el préstamo como la relación entre ambos investigados superan lo profesional y apuntan a una posible colusión ilícita destinada a perjudicar a terceros competidores en licitaciones.
Relación empresarial previa y ocultación en documentación oficial
Otro aspecto destacado es que Guerra y Padrón compartieron una empresa común, Esvertical, entre 2014 y 2019, periodo en el que se produjeron los hechos investigados. La Fiscalía apunta que esta vinculación evidencia un escenario de «corrupción institucionalizada y altamente sofisticada».
Se añade la ocultación de estos vínculos y del préstamo en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), un requisito obligatorio en los procesos de licitación pública, lo que agrava la sospecha de un trato irregular.
Acusaciones formales y fundamentos del fiscal
En su escrito del 16 de septiembre, el fiscal Javier Ródenas utiliza la palabra «soborno» en múltiples ocasiones para describir la naturaleza del préstamo. Defiende que la operación encubre la transferencia de 430.000 euros como dádiva para generar favores en la gestión pública y agilizar certificaciones de obra y pagos.
En cuanto al blanqueo, el fiscal sostiene que la inversión en el edificio de apartamentos buscaría dar apariencia de legalidad a un capital proveniente del presunto soborno, constituyendo así un presunto delito de blanqueo de capitales.
