El Consejo de Gobierno de Canarias acordó el viernes 24 de abril la legalización territorial de dos explotaciones ganaderas ubicadas en los municipios de El Rosario (Tenerife) y Agüimes (Gran Canaria). Esta autorización se realiza conforme al procedimiento establecido en la Ley 6/2009, que regula la ordenación territorial para impulsar la dinamización sectorial y turística en el archipiélago.
La medida representa un avance en el proceso de regularización promovido por la Dirección General de Ganadería, afectando a instalaciones dedicadas a la cría de ganado porcino y ovino. Con estas dos nuevas autorizaciones, el número total de fincas legalizadas desde el inicio de la legislatura alcanza las 38 explotaciones.
Situación y marco normativo de la legalización
De acuerdo con el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las explotaciones tienen alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA). Además, un informe de GMR Canarias, que incluye un análisis comparativo de fotografías aéreas, confirma que las edificaciones se realizaron tras la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias. Por ello, se aplica la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Dicha normativa permite que el Gobierno canario, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y con la conformidad de las áreas responsables de ordenación territorial y medio ambiente, acuerde la legalización territorial y ambiental de edificaciones e instalaciones ganaderas en explotación que fueron construidas sin títulos administrativos antes de la vigencia de la Ley 9/1999.
Compromisos y plazos para las explotaciones legalizadas
El acuerdo del Consejo de Gobierno incluye la obligación de ejecutar actuaciones relacionadas con la sanidad, aspectos ambientales, funcionalidad, estética y bienestar animal. Estas medidas deben cumplirse como requisito para la regularización en un plazo máximo de 18 meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo, con la posibilidad de una prórroga de hasta 9 meses adicionales.
Este proceso de autorización forma parte de un plan para la regularización de explotaciones ganaderas construidas antes de 1999 que hayan completado los trámites técnicos y administrativos correspondientes. La tramitación involucra a los cabildos, ayuntamientos y otras entidades públicas, como la Dirección General de Protección de la Naturaleza y la Dirección General de Ordenación del Territorio, para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
