La Guardia Civil ha desarticulado en la localidad de Nules, provincia de Castellón, una red criminal dedicada a la explotación laboral de migrantes en el sector agrícola, liberando a 80 personas en situación de hacinamiento y privación de servicios básicos. La investigación ha culminado con la detención de un matrimonio de origen pakistaní como principales responsables.
Condiciones de explotación y captación engañosa
Las víctimas, en su mayoría hombres entre 20 y 35 años procedentes de Nepal, Pakistán, Senegal y países árabes, eran captadas mediante ofertas falsas de empleo difundidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Se les prometían salarios dignos, alojamiento y manutención, pero al llegar a España eran alojados en viviendas precarias, sin luz ni agua, y sometidos a viviendas con un hacinamiento extremo.
Los migrantes trabajaban en la recolección agrícola jornadas de hasta 12 o 13 horas diarias sin apenas descanso, y sin contratos laborales ni documentación que regularizase su situación. Los salarios, en caso de recibir alguno, eran sustraídos para cubrir gastos que imponía la red como alojamiento, transporte o manutención. Además, sufrían amenazas y coacciones para evitar que pudieran escapar, lo que hacía muy difícil denunciar o abandonar la situación.
Operación Balarama y detenciones
La operación Balarama, desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón junto a la Fiscalía Provincial y la Inspección de Trabajo, ha permitido identificar a los responsables jerarquizados que controlaban desde la captación hasta la explotación y recaudación ilegal. El principal núcleo de la red era el matrimonio detenido, propietario de cuatro viviendas en Nules donde se alojaban las víctimas.
Durante las actuaciones policiales se realizaron cinco registros domiciliarios que finalizaron con la detención de siete personas y la liberación de las 80 víctimas, de las cuales 77 son hombres y tres mujeres. Dos de los detenidos han ingresado en prisión preventiva por orden judicial.
Cooperación institucional y atención a las víctimas
La investigación contó con la colaboración de entidades sociales y sanitarias, entre ellas Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, para garantizar la protección y asistencia inmediata de las personas liberadas. Estas organizaciones han ofrecido apoyo integral mientras se tramitan las diligencias judiciales.
Este caso pone de manifiesto las condiciones cercanas a la esclavitud que sufren algunos migrantes en el sector agrícola de la Comunidad Valenciana, subrayando la necesidad de controlar con mayor rigor estas prácticas ilícitas.
Para más información, la Guardia Civil en Castellón ha habilitado los teléfonos 964 22 46 00 ext. 0620140 y 628 140 650.
