La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en La Rioja tras liberar a ocho personas explotadas laboralmente y detener a cinco individuos acusados de delitos de tratamiento ilícito de seres humanos, explotación laboral, blanqueo de capitales y vulneración de derechos laborales.
La investigación, desarrollada en la operación “Portus-Cale”, reveló que las víctimas, con edades entre 40 y 74 años, sufrían la anulación de su autonomía y eran tratadas como mercancía, aprovechando su situación de necesidad para obtener beneficios ilícitos.
Condiciones de explotación y consternante suceso mortal
Las víctimas fueron mantenidas en condiciones precarias, alojadas en viviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad, con falta de higiene, alimentación en mal estado y sometidas a la disponibilidad total de sus explotadores, que facilitaban incluso el acceso al alcohol para generar aislamiento social y control.
Los trabajadores afrontaban jornadas laborales de entre 12 y 16 horas diarias, sin que se respetaran domingos ni festivos. Las tareas encomendadas iban desde la poda de viñas hasta reformas integrales y servicios de porte, sin recibir descanso ni garantías salariales, con casos de años de trabajo sin remuneración y salarios de solo 4 euros por hora con deducciones injustificadas.
Además, durante la investigación se constató que una víctima que intentó abandonar el grupo fue atropellada en la carretera N-232 por tres vehículos, falleciendo como consecuencia del impacto, en un hecho que revela la violencia y amenaza ejercida por los explotadores.
Estructura del grupo y dimensión económica
Las actuaciones policiales determinaron que la organización estaba liderada por una mujer y su familia, que gestionaba las actividades ilícitas desde dos viviendas en Rincón de Olivedo (La Rioja). Se detectó que las responsables principales ingresaron en sus cuentas más de 2,5 millones de euros desde 2022 por trabajos agrícolas realizados por los explotados.
La investigación también ha relacionado a varios viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra, que contrataron los servicios de esta red. Entre ellos, una bodega y su directivo están siendo investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras haber pagado al grupo 569.000 euros en total, siendo conscientes en muchos casos de la situación precaria de los trabajadores.
Operativo e incautaciones
Durante la operación, se realizaron siete registros en inmuebles vinculados a la red. En el dispositivo se intervino cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, ocho vehículos (cinco de alta gama) y se bloqueó el acceso a siete cuentas bancarias activas de los implicados. También se recolectó abundante documentación para su análisis.
El operativo fue liderado por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra (La Rioja), con la colaboración de diversas especialidades de la Guardia Civil.
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