La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una de las organizaciones criminales más activas en el narcotráfico con epicentro en el archipiélago canario, mediante la detención de 34 personas y la realización de cerca de 40 registros en distintas provincias españolas. La operación, denominada SILBO, ha permitido intervenir más de 2.185 kilogramos de cocaína, armas modificadas, más de 600.000 euros en efectivo y bloquear bienes por un valor superior a dos millones de euros.
Investigación y detenciones en múltiples provincias
La investigación, iniciada hace más de dos años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, contó con la colaboración de la DEA estadounidense, la Policía Judicial de Cabo Verde y la coordinación de EUROPOL. La fase de explotación se desarrolló en las islas de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, así como en provincias como Madrid, Barcelona, Pontevedra, A Coruña y Málaga.
El seguimiento se centró en un empresario tinerfeño de 42 años, con vínculos en ocio nocturno, restauración y construcción, que dirigía desde Canarias una compleja red para introducir grandes cantidades de estupefacientes a nivel regional, nacional e internacional.
Envíos de cocaína mediante barcos nodriza y tráfico de hachís a Reino Unido
El cabecilla gestionaba la entrega directa de cocaína desde barcos nodriza procedentes de Sudamérica hacia otras embarcaciones para su posterior llegada a Canarias. Destacan dos incautaciones importantes: 500 kilogramos en enero de 2024 y 1.600 kilogramos en noviembre del mismo año, ambas destinadas a Santa Cruz de Tenerife. En el segundo caso, la organización dispuso un barco pesquero en Guinea Bissau junto a un socio en Galicia, aprovechando la conocida “ruta africana de la cocaína”.
Asimismo, la red disponía de infraestructuras para recibir cantidades significativas de hachís procedente de Marruecos, destinadas a Reino Unido. Esta actividad se complementaba con reuniones con ciudadanos británicos en la Costa del Sol vinculadas al tráfico de drogas en ese país.
Blanqueo y estructura económica
La investigación económica paralela reveló que el líder del grupo creó un entramado empresarial para el blanqueo de dinero que incluía sociedades nacionales y extranjeras de restauración, inversiones inmobiliarias y alquiler de vehículos. Además, estaba vinculado a sociedades pesqueras y otros activos ocultos. La flota de vehículos también era utilizada para distribuir drogas; en abril de 2025, se incautaron 66 kilogramos de cocaína ocultos en un coche mediante un sistema hidráulico sofisticado.
Violencia y laboratorio clandestino en Tenerife
El grupo contaba con dos miembros de formación militar, uno cubano y otro colombiano, que ejecutaban acciones violentas para apoderarse de bienes, como la apropiación forzosa de terrenos en el municipio de Candelaria, Tenerife. También planeaban la adquisición de armas de fuego ilegales y formación militar para otros integrantes.
En la fase de explotación se intervino un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de El Escobonal (Tenerife), donde se almacenaban productos químicos altamente nocivos y utensilios para la adulteración del estupefaciente.
Material incautado y coordinación internacional
Esta operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº3 de Santa Cruz de Tenerife y ejecutada por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO Canarias) junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera, culminó con la incautación de 2.185 kilogramos de cocaína, armas de fuego modificadas, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y 5 embarcaciones —un barco pesquero, un velero y tres lanchas rápidas—, además del bloqueo de bienes muebles e inmuebles valorados en más de dos millones de euros.
La acción forma parte del proyecto GDIN, liderado por la Guardia Civil en colaboración con EUROPOL y financiado por la Comisión Europea a través de su Centro de Inteligencia Criminal Antidroga, para combatir el tráfico internacional de drogas.
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