El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha registrado un total de 200 solicitudes de calificación provisional que suman 4.047 viviendas protegidas en el archipiélago desde el inicio de la presente legislatura. Esta cifra refleja un cambio de tendencia en la promoción de vivienda protegida después de más de una década con poca actividad en este ámbito.
La calificación provisional es un trámite clave que permite a una promoción acogerse al régimen de protección pública antes de que se inicie la construcción. Pueden solicitarla tanto personas físicas como jurídicas, públicas o privadas, cooperativas y comunidades de bienes.
Incremento significativo en solicitudes tras medidas impulsadas
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha subrayado que «estos datos demuestran que las medidas adoptadas por este Gobierno están dando resultados. Cuando se eliminan obstáculos, se agilizan los procedimientos y se generan condiciones que hacen viables los proyectos, el sector responde y comienzan a ponerse en marcha nuevas promociones de vivienda protegida».
La evolución de las solicitudes lo confirma. En 2021 se registraron apenas 3 solicitudes para 112 viviendas, y en 2022 descendieron a 2 solicitudes para 78 viviendas. En 2023 se produjo un primer repunte con 14 solicitudes que correspondieron a 414 viviendas.
A partir de 2024, con la entrada en vigor de las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo canario, el incremento fue notable. Entre 2024 y el primer semestre de 2026 se contabilizaron las ya mencionadas 200 solicitudes para 4.047 viviendas protegidas, consolidando la reactivación del sector.
El desglose anual revela que en 2024 hubo 75 solicitudes para 2.004 viviendas, en 2025 se registraron 95 solicitudes para 1.589 inmuebles, y en los primeros meses de 2026 se contabilizaron 30 solicitudes para 454 viviendas.
Normativa más ágil y actualización de costes fomentan la promoción
Pablo Rodríguez ha explicado que este aumento responde a un conjunto de reformas impulsadas para facilitar la construcción de vivienda protegida. Destaca que el Gobierno autonómico ha aprobado dos decretos de vivienda —uno de ellos ya convertido en ley— que han simplificado la tramitación administrativa, fomentado el desarrollo del suelo, reforzado la seguridad jurídica y mejorado las condiciones para la inversión en esta modalidad residencial.
«Nuestro objetivo no era únicamente aprobar nuevas normas, sino conseguir que se construyeran más viviendas. Las solicitudes de calificación son la mejor prueba de que estamos generando un entorno más atractivo para promover vivienda protegida y que la colaboración entre el sector público y el privado está empezando a traducirse en nuevos proyectos», afirmó el consejero.
Una de las medidas más relevantes ha sido la actualización del Módulo Básico Canario, ajustándolo a la realidad de los costes de construcción en cada isla. Desde el Gobierno se ha reconocido que durante años no era viable promover vivienda protegida porque los costes no se correspondían con el mercado real. Rodríguez señaló: «Corregir esa situación era imprescindible para recuperar la actividad y volver a generar oferta. Es algo que hemos dialogado con el sector, y lo seguiremos haciendo. Este año volveremos a actualizarlo para ajustar esta referencia a la realidad de nuestras islas».
Además, el consejero recordó que la política de vivienda se ha centrado en superar los principales obstáculos: la falta de suelo disponible, la lentitud administrativa y un marco económico poco atractivo, que durante años frenaron la construcción de vivienda protegida. «Con las reformas impulsadas durante esta legislatura estamos cambiando ese escenario y los datos empiezan a reflejar esa transformación», concluyó.
