Los Gobiernos de Canarias y Euskadi han enviado una carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para exigir que las comunidades autónomas sean tomadas en cuenta en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, vigente desde el 12 de junio de 2026. La misiva refleja su preocupación por la falta de diálogo efectivo con el Estado español para la implementación de este nuevo marco.
Según explican, la aplicación del pacto solo será eficaz y respetuosa con los derechos fundamentales si se incorpora la realidad práctica que viven los territorios que asumen la mayoría de sus consecuencias. Por ello, solicitan una gobernanza multinivel que garantice coordinación, recursos y participación real de las administraciones autonómicas.
Reclaman diálogo y corresponsabilidad para afrontar la migración
Canarias y Euskadi alertan de que no han sido incluidas en un espacio formal para analizar y planificar la estrategia estatal del Pacto, lo que dificulta anticipar impactos, responsabilidades y evaluación de recursos o competencias. Destacan que el enfoque europeo subraya la importancia de involucrar a las autoridades regionales y locales, así como a interlocutores sociales y sociedad civil.
En la carta, señalan que su participación no es una formalidad, sino una condición esencial para que las políticas migratorias funcionen en el terreno. Canarias, como frontera exterior de la UE y punto principal de entrada por la Ruta Atlántica, y Euskadi, frontera norte estatal y zona de tránsito hacia Europa, representan realidades distintas que exigen una planificación compartida e información previa. Además, reclaman financiación suficiente y protocolos claros para garantizar cooperación estable.
En Canarias, la incertidumbre afecta la capacidad para manejar controles fronterizos, recursos para acoger a migrantes y distribución equitativa de responsabilidades. En Euskadi, la falta de reconocimiento institucional de su condición de frontera impacta en la planificación y prestación de servicios sociales, sanitarios y de acogida, con repercusiones en ayuntamientos, diputaciones y organizaciones sociales de la zona.
Solidaridad europea con reflejo territorial interno
Ambos gobiernos alertan de que la solidaridad entre Estados miembros debe complementarse con una solidaridad territorial dentro de España, para evitar que los territorios más expuestos soporten una presión desproporcionada sin contar con los recursos e información necesarios. Reclaman que esta corresponsabilidad se traduzca en mecanismos estables, financiación adecuada y criterios de reparto equitativos en el seno del Estado.
Además, piden al Gobierno español que haga pública y compartida toda la información sobre instalaciones designadas y centros vinculados al Pacto, incluyendo su ubicación, función, capacidad, condiciones, financiación y mecanismos de control. Alertan que ninguna instalación debe operar en la opacidad ni sin coordinación con las instituciones locales y autonómicas.
Atención especial a la infancia migrante no acompañada
En el escrito también se subraya la preocupación por la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, un reto que aún recae con fuerza en ciertas comunidades autónomas. Piden que se adopten instrumentos de cooperación, criterios equitativos de distribución, financiación suficiente y garantías homogéneas en todo el territorio nacional.
El objetivo es que la Comisión Europea supervise que la aplicación del Pacto integre a las autoridades regionales y locales en todos los procesos, y que no se limite a un enfoque administrativo o fronterizo, sino que contemple una perspectiva integral de derechos, cohesión, inclusión, protección social, convivencia y participación.
Exigen un espacio de trabajo conjunto y un plan migratorio estructural
Canarias y Euskadi han solicitado también al Gobierno de España la convocatoria urgente de un espacio político y técnico para conocer la estrategia completa, evaluar implicaciones y fijar mecanismos eficaces de cooperación. Ambos recuerdan que no pueden ser meras receptoras de decisiones sin participación, puesto que son quienes afrontan sus efectos prácticos.
La carta finaliza apelando a la necesidad de un plan migratorio integral, estable y compartido, que abarque todo el fenómeno migratorio: tránsito, acogida, protección internacional, permisos, inclusión, infancia, convivencia, empleo, vivienda y coordinación fronteriza en la ruta atlántica y norte estatal.
Según trasladan a Ursula von der Leyen, “la migración hace tiempo que dejó de ser una realidad coyuntural y no puede seguir gestionándose mediante respuestas parciales, tardías o fragmentadas”. Ambos gobiernos insisten en su disposición a colaborar, pero condicionan su implicación a ser parte real de la información, planificación y toma de decisiones.
Finalmente, subrayan que la aplicación del Pacto debe ser una oportunidad para reforzar la corresponsabilidad, la solidaridad y la dignidad humana, y no para perpetuar la unilateralidad, la falta de transparencia o la improvisación en la gestión.
