El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que anula el registro estatal único de alquileres de corta duración, una decisión que el Gobierno de Canarias recibe como una confirmación de las advertencias que llevaba más de un año realizando sobre la inseguridad jurídica y la invasión competencial que suponía esta normativa promovida por el Ministerio de Vivienda.
La resolución judicial respaldó uno de los argumentos centrales defendidos por Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, quien había subrayado que el Reglamento europeo no exigía la puesta en marcha de un registro estatal único, ni modificaba la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La duplicidad administrativa creada fue, por tanto, una actuación política y no un mandato procedente de la Unión Europea.
Incertidumbre y críticas a la duplicidad administrativa
La consejera Jéssica de León expresó en el Parlamento autonómico hace un año su preocupación por el “escenario de auténtica incertidumbre” que generaba la aplicación del Real Decreto de Ventanilla Única Digital para el registro y control de alojamientos turísticos de corta duración. Canarias había alertado sobre una serie de fallos en la normativa, entre ellos la falta de claridad acerca de los requisitos para los propietarios y dudas en torno al tipo de alojamientos que debían inscribirse.
Asimismo, los cabildos insulares y el sector turístico de Canarias habían denunciado el colapso administrativo previsto debido a la doble inscripción —en el registro estatal y en los sistemas autonómicos existentes— así como las dificultades para cumplir con los plazos impuestos por el Ejecutivo central.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, señaló que la Consejería recibe con “satisfacción, pero no con alegría” la decisión de la justicia, ya que “triunfa el Estado de Derecho”, y en la sentencia se sostienen argumentos coincidentes con los planteados por Canarias y el Consejo de Estado. Sin embargo, lamentó “el tiempo perdido” por la falta de diálogo del Gobierno de España con las comunidades y con el sector.
Impacto económico y social en Canarias
Miguel Ángel Rodríguez destacó que el Real Decreto obligaba a numerosos propietarios a realizar inscripciones registrales con elevados costes económicos, lo que excluía de la actividad turística a pequeños titulares sin capacidad para asumir esas cargas. “Desde el primer momento advertimos que era una medida ilegal, injusta y desproporcionada”, añadió.
Además, mostró preocupación por las consecuencias que sufrieron muchos propietarios afectados, algunos de los cuales vieron revocados números provisionales o fueron señalados públicamente como si actuaran de manera ilegal cuando, según precisó, “la ausencia de un número estatal de registro no convierte en ilegal ni la actividad ni el inmueble”.
El Gobierno autonómico también expresó inquietud por la inseguridad jurídica que generaba la obligación de inscribir las viviendas en el registro estatal, pues esta medida —contraria a la legislación hipotecaria española— podía dejar fuera de las plataformas de comercialización a miles de propiedades, especialmente en las islas verdes y zonas rurales.
Diálogo y respeto competencial para futuras regulaciones
Miguel Ángel Rodríguez insistió en la necesidad de que las normas para ordenar el alquiler vacacional se elaboren “desde el rigor jurídico, el respeto al reparto competencial y al ordenamiento europeo y nacional”. Lamentó que el Gobierno de España optara por “planteamientos más ideológicos y contrarios a la simplificación administrativa y reducción de cargas” que dañaron a miles de operadores en Canarias.
El Ejecutivo autonómico reiteró que comparte el objetivo de regular el alquiler vacacional y por ello impulsó la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, así como su participación en las reuniones técnicas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. No obstante, volvió a subrayar que toda regulación debe realizarse a través del diálogo, consenso y respeto a las competencias autonómicas, especialmente en Canarias, donde el turismo es motor económico y social.
Rodríguez recordó que se solicitó una prórroga para la entrada en vigor del real decreto y que se presentó un recurso contra la norma debido a las dudas jurídicas y operativas que ahora el Tribunal Supremo ha reforzado. El director general manifestó su esperanza de que “impere la razón” y que el Gobierno de España abra una etapa de “diálogo constructivo y rigor jurídico”, evitando procesos normativos “impulsados desde la pura ideología o planteamientos electoralistas y propagandísticos”.
