La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha presentado sus observaciones al Proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que modifica el Real Decreto 738/2015 referente al almacenamiento energético en territorios no peninsulares.
El consejero Mariano H. Zapata ha destacado que este documento es fundamental para avanzar en la integración de energías renovables y evitar el desperdicio de energía. Sin embargo, ha subrayado la necesidad de ajustar la normativa a las características específicas de las islas.
Zapata ha afirmado que el almacenamiento energético es esencial para mejorar la resiliencia de los sistemas insulares. Ha mencionado ejemplos de proyectos exitosos como el Salto de Chira en Gran Canaria y la futura central hidroeléctrica de Güímar en Tenerife, que servirán como medidas de respaldo, especialmente en islas más pequeñas como La Palma.
Respecto a la regulación de precios, el consejero ha insistido en la importancia de que la normativa refleje la singularidad de Canarias como territorio aislado. Ha solicitado una diferenciación en la señal de precios para cada isla, de modo que no se apliquen las mismas condiciones que en la península. Esto, según Zapata, es clave para asegurar la retribución adecuada a las energías renovables y atraer inversiones.
Las alegaciones presentadas incluyen propuestas para mejorar la norma sin alterar su esencia. Se busca fortalecer el uso de baterías hibridadas con grupos térmicos para aumentar la capacidad de integración de renovables y reducir el desperdicio de energía limpia. Además, se propone adaptar la señal de precio de la generación renovable a las realidades específicas de cada sistema eléctrico.
Zapata ha afirmado que estas alegaciones se han presentado de manera oportuna para defender los intereses de Canarias, agradeciendo la disposición del Ministerio. No obstante, ha enfatizado la necesidad de que el texto final reconozca mejor las particularidades de cada sistema eléctrico insular y el papel crítico del almacenamiento en el archipiélago. Su objetivo es que la regulación fomente la transición energética y garantice un suministro energético seguro y sostenible para todos los canarios.
