El Gobierno de Canarias está a punto de contar con la normativa que desarrollará el modelo más inclusivo de la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, con la aprobación del reglamento que regulará el derecho a los programas y servicios de inclusión social y de inserción laboral. Esta norma permitirá mejorar el acompañamiento social de las personas beneficiarias y promoverá su autonomía, superando el enfoque meramente asistencialista.
El desarrollo reglamentario completa aspectos clave de la Ley 5/2022 al definir los procedimientos y herramientas para que los servicios sociales diseñen itinerarios individualizados adaptados a las necesidades de cada persona o unidad de convivencia.
Nuevos instrumentos para la inclusión social y laboral
Este reglamento no introduce nuevas prestaciones económicas, sino que establece los mecanismos para hacer efectivo el derecho reconocido en la ley, reforzando el papel de los servicios sociales como eje central del acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Entre sus principales aportaciones, destaca la regulación del diagnóstico social como herramienta técnica para valorar la situación de cada beneficiario.
Además, se crea el Plan de Atención Personalizado que marcará objetivos y acciones para fomentar la inclusión social y laboral, y el informe social acreditativo, que apoyará la concesión, seguimiento, revisión o extinción de la prestación.
Atención a situaciones urgentes y coordinación administrativa
La norma también contempla supuestos excepcionales para facilitar el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía a personas en situaciones de urgencia o emergencia social, así como para abordar circunstancias sobrevenidas que requieran una respuesta rápida de la Administración.
Se establecerán mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas implicadas, con modelos estandarizados para el diagnóstico social, planes personalizados, convenios de inclusión e informes sociales, buscando una actuación homogénea, transparente y eficaz en todo el archipiélago.
Medidas específicas para colectivos vulnerables
El reglamento adopta un enfoque transversal para proteger a los colectivos más vulnerables, con medidas dirigidas a personas con discapacidad, menores, familias en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas LGTBIQ+. Asimismo, incorpora la perspectiva de género y el enfoque interseccional en la valoración e intervención social.
Tras su aprobación en el Consejo General de Servicios Sociales, el texto seguirá su trámite administrativo, incluyendo periodos de información pública y audiencia antes de ser ratificado por el Gobierno de Canarias.
