La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas respalda la exigencia canaria de participar en las políticas migratorias europeas y pide fondos adaptados a las regiones en primera línea del fenómeno
La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) ha respaldado la posición de Canarias para que tenga un papel protagonista en el diseño de las políticas migratorias en Europa. Esta organización, que agrupa a 150 regiones europeas, incluidos los 27 estados miembros, denuncia que las autoridades regionales y locales son aún “invisibles como actores políticos en materia migratoria”.
En un documento dirigido a las instituciones comunitarias, la CRPM reclama además una financiación específica para las regiones que están en primera línea migratoria y advierte sobre la necesidad de respetar el interés superior de los menores migrantes.
Regiones excluidas y sin reconocimiento en la gobernanza migratoria
La CRPM señala que las regiones no son tratadas como socios estratégicos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino como meras entidades ejecutoras, y su papel en la toma de decisiones sigue insuficientemente definido. Además, recuerda que los gobiernos regionales tienen responsabilidades fundamentales en la acogida, integración e inclusión, así como en la prestación de servicios públicos como educación, sanidad y tutela de menores no acompañados.
En la práctica, en varios Estados miembros las regiones con competencias esenciales apenas participan en la preparación de las estrategias nacionales para aplicar el Pacto. En particular, las regiones con presión migratoria desproporcionada —como Canarias— denuncian la exclusión o consulta limitada en estos procesos, lo que podría socavar la eficacia de las políticas y la capacidad estatal para diseñar respuestas adaptadas a la realidad local.
Por ello, la CRPM propone que la participación de autoridades regionales y locales en el diseño, implementación y evaluación de las estrategias nacionales sea formal y obligatoria, con una gobernanza clara que reconozca sus competencias.
Protección insuficiente de menores migrantes
La CRPM comparte la preocupación del Gobierno de Canarias por la falta de garantías que ofrece el Pacto Europeo respecto a la protección de los menores no acompañados. El Reglamento de triaje y los planes nacionales no aclaran aspectos clave sobre la tutela de estos menores cuando solicitan asilo a su llegada al puerto o centro de atención temporal (Cate).
Canarias ha expresado dudas sobre si corresponde a la comunidad autónoma o al Estado asumir dicha responsabilidad, según el marco jurídico vigente y el auto del Tribunal Supremo.
Además, la base de datos europea para la gestión migratoria amplía su alcance con nuevas herramientas como el reconocimiento facial y reduce la edad a partir de la cual se registran huellas dactilares de menores de 14 a 6 años. El Gobierno canario alerta que esta medida facilita la detención y estancia de menores en instalaciones policiales, por lo que exige que su aplicación en el archipiélago garantice el interés superior del menor respetando todas las garantías necesarias.
Financiación adaptada a las realidades regionales
La CRPM insta a una financiación específica y flexible para las regiones que tienen un papel estratégico en la política migratoria, dado que las autoridades locales asumen responsabilidades operativas importantes sobre el terreno.
Esto permitiría adaptar las ayudas a las realidades particulares, especialmente en territorios con presiones migratorias sostenidas y estructurales, como Canarias. La organización advierte de que la centralización de fondos bajo planes nacionales únicos podría diluir prioridades regionales, limitar la financiación a las autoridades de primera línea y aumentar la dependencia de decisiones nacionales.
Por tanto, insiste en garantizar asignaciones suficientes y específicas que apoyen políticas de cohesión social, convivencia e integración. Para la CRPM, esta medida es “crucial” para evitar tensiones derivadas de la competencia por recursos públicos como la atención sanitaria, la asistencia jurídica o los servicios sociales entre la población local y las comunidades migrantes.
