La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defendió el viernes 28 en la comisión de Discapacidad los avances en la transformación del sistema de reconocimiento de la discapacidad. Gracias al nuevo Decreto-Ley de Discapacidad, se ha logrado reducir por primera vez la bolsa histórica de expedientes acumulados y agilizar el acceso a derechos y prestaciones en las islas.
Entre 2020 y 2025 se recibieron cerca de 90.000 solicitudes, pero hasta 2024 no se alcanzó un nivel suficiente de resoluciones para frenar la acumulación. El año 2023 fue especialmente crítico por cambios legislativos y paralización en las valoraciones, con un aumento de más de 13.000 expedientes pendientes. Para revertir esta situación, se implementó una reforma normativa, tecnológica y organizativa que está dando resultados efectivos.
Decreto-Ley de Discapacidad: simplificación y priorización
El nuevo Decreto-Ley simplifica el procedimiento de reconocimiento, permitiendo reconocimientos directos de grados del 33%, 65% o 75% cuando la situación médica está clara. Además, establece una priorización más justa que da atención preferente a menores de 0 a 18 años y a personas en situaciones de vulnerabilidad social.
También incorpora trámites automáticos, como la concesión directa de la tarjeta de estacionamiento para casos de movilidad reducida, y garantiza criterios homogéneos en todas las islas para asegurar la equidad.
Entre enero y octubre de 2025, Canarias resolvió 14.395 expedientes, casi el doble de las 7.818 solicitudes recibidas en el mismo período, lo que implica un índice de resolución del 185% y una reducción neta de 6.577 expedientes de la lista de espera. Las islas de Gran Canaria y Tenerife destacan por sus avances.
Colaboración y modernización tecnológica
La reforma surgió en colaboración con entidades sociales, cabildos y ayuntamientos. Candelaria Delgado destacó el compromiso con la transparencia y la publicación periódica de indicadores para monitorizar el proceso: “La discapacidad no puede esperar y cada expediente representa un derecho que debe garantizarse en tiempo y forma”.
La modernización se complementa con la implantación de la Tarjeta Digital de Discapacidad, que ya usan más de 137.000 personas, y la digitalización completa del proceso de valoración. Asimismo, se han puesto en marcha equipos itinerantes como el programa ITINERA, y se han consolidado equipos estables en islas como Fuerteventura y Lanzarote, para acercar el servicio y reducir costes.
La consejera también resaltó la inversión en accesibilidad y apoyo al tercer sector, con la instalación de 252 bucles magnéticos, compra de 76 sillas anfibias y financiación de 50 proyectos sociales mediante el IRPF. Este año, las entidades sociales recibirán un total de 4,8 millones de euros.
Retos pendientes y rumbo de la lista de espera
Aunque quedan retos como cumplir el plazo de 180 días para las valoraciones, reforzar equipos y mejorar la coordinación interadministrativa, la situación ha cambiado positivamente.
Delgado señaló que “tras años de incremento, la lista de espera de discapacidad empieza por fin a descender. En ese camino estamos y vamos a seguir trabajando para lograr nuestros objetivos”.
