El Gobierno de Canarias alerta sobre el impacto que tendrá en el archipiélago la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el próximo mes de junio, reclamando una mayor solidaridad y financiación desde la Unión Europea. El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, manifestó su preocupación este martes en Bruselas durante la reunión del grupo de trabajo sobre Migración de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), destacando la necesidad de que las regiones frontera, como Canarias, tengan voz en el diseño de las políticas migratorias.
Canarias exige participación directa y enfoque atlántico en la política migratoria
Caraballo enfatizó que la realidad migratoria de Canarias, situada en la frontera sur de Europa, requiere una consideración específica dentro del pacto. «Quienes gestionamos el reto migratorio en primera línea debemos participar en las decisiones», afirmó, rechazando que la comunidad autónoma quede al margen del diseño estratégico europeo. Asimismo, planteó que se reconozca formalmente la Ruta Atlántica como un sistema migratorio distinto al mediterráneo y se elaboren estrategias propias de prevención, salvamento y cooperación adaptadas a las características de las largas travesías, que pueden superar los 2.000 kilómetros en embarcaciones precarias.
El viceconsejero recordó que el reglamento de Triaje del pacto obligará a controles prolongados de personas migrantes, hasta un máximo de seis meses en Canarias (12 semanas iniciales más otras 12 prórrogas), frente a la media actual de un mes, una situación «inasumible para un territorio limitado y fragmentado» como el canario. Por ello, insistió en la urgencia de que Canarias participe activamente en el diseño de políticas migratorias que tengan en cuenta esta realidad insular.
Regionalización de fondos y rechazo a la externalización de centros de acogida
Para que el pacto funcione, Caraballo calificó como «fundamental» que los fondos europeos se regionalicen y se flexibilicen las normas para adaptarse a la situación particular del archipiélago. Sin esta medida, advirtió, el pacto «no funcionará». Además, expresó el rechazo del Ejecutivo regional a la externalización de centros de acogida propuesta por la UE, y alertó sobre el peligro de que Canarias se convierta en un espacio de retención, especialmente ante la falta de información sobre los nuevos procedimientos.
El viceconsejero subrayó la necesidad de establecer mecanismos automáticos de derivación rápida desde Canarias hacia la península y otros Estados miembros, con especial atención a las regiones ultraperiféricas y zonas de alta presión migratoria. También destacó que, pese al descenso en la llegada de migrantes desde la costa occidental africana en lo que va de año, Europa debe seguir vigilando la estabilidad del Sahel, cuyo conflicto podría provocar un aumento de flujos hacia el archipiélago.
Protección de menores y ausencia de Canarias en los planes nacionales
En relación con los menores migrantes no acompañados —unos 3.000 jóvenes bajo tutela del Gobierno de Canarias en la actualidad—, Caraballo defendió la creación de un sistema europeo de protección integral para este colectivo, con reubicación obligatoria y rápida, financiación estable para acogida, educación y salud mental, así como estándares homogéneos de tutela en todos los Estados miembros. «Debemos tener garantías de que no hay fisuras en la atención y acogida a los menores», afirmó durante su intervención.
Por último, el viceconsejero mostró su inquietud ante la exclusión de Canarias en los planes nacionales preparados por el Estado para aplicar el pacto europeo. «Canarias no ha sido consultada en la preparación del plan para implementar el Pacto», denunció, a pesar de ser la región más afectada por las llegadas marítimas y soportar una presión migratoria mucho mayor. Según Caraballo, esta situación limita la eficacia de las políticas migratorias y la capacidad del Estado para dar respuestas ajustadas a la realidad concreta de los territorios en primera línea.
En este sentido, afirmó que todavía hay tiempo para conjurar esta situación mediante un pacto multinivel de gobernanza en el que la solidaridad sea «obligatoria, no voluntaria». Consideró esencial una declaración conjunta de la CRPM que establezca líneas rojas comunes en la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
