La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, dirigida por Nieves Lady Barreto, ultima el anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, que integrará en un solo marco normativo la participación ciudadana y la transparencia en la administración pública. El texto saldrá a información pública en las próximas semanas tras haberse enriquecido con contribuciones de colectivos y asociaciones de todas las islas.
El objetivo del Gobierno es que esta ley no sea solo una refundición de la normativa de 2010 y 2014, sino una norma transformadora y avanzada que contemple nuevas herramientas y regule aspectos hasta ahora dispersos.
Nueva plataforma de datos abiertos y ampliación de funciones
Entre las innovaciones más significativas destaca la creación del Portal de Datos Abiertos de Canarias, concebido como una plataforma unificada que permitirá acceder a conjuntos de datos públicos de todas las administraciones canarias en formatos interoperables y abiertos, facilitando su reutilización.
Asimismo, se establece la creación de la Autoridad Canaria de Participación, organismo encargado de promover, garantizar y evaluar la calidad de los procesos participativos, además de prestar apoyo técnico a las administraciones. Paralelamente, se amplían las competencias del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para abarcar nuevas funciones en evaluación, formación, promoción y control relacionados con la actividad de los grupos de interés.
Regulación específica para grupos de interés y régimen sancionador
El anteproyecto incluye por primera vez una regulación específica para los grupos de interés o lobbies, regulando su actividad de influencia sobre las decisiones públicas para garantizar la transparencia y la integridad en estos procesos. Se incorpora el registro obligatorio de dichos grupos, un código de conducta con estándares éticos y el concepto de huella normativa, que implica documentar públicamente las influencias y contactos durante la elaboración normativa.
Por otra parte, la ley establece un régimen sancionador específico. En materia de transparencia, mantiene y perfecciona las sanciones existentes, ampliándolas según las nuevas obligaciones. En cuanto a la participación ciudadana, se consideran infracciones las conductas que obstaculicen o manipulen los procesos participativos, así como el incumplimiento de la facilitación y promoción de la participación. Para los grupos de interés, las infracciones incluyen el incumplimiento en el registro, transparencia y código ético, con sanciones que pueden llegar a la exclusión temporal del registro.
Participación ciudadana digital y presencial
La nueva norma apuesta por la participación ciudadana mediante nuevos instrumentos digitales que complementan los espacios presenciales. Se crearán observatorios ciudadanos digitales para el seguimiento permanente de políticas públicas específicas, y se modernizarán los presupuestos participativos digitales con herramientas tecnológicas que facilitan la propuesta, evaluación, votación y geolocalización de proyectos, además del seguimiento en tiempo real de su ejecución.
También se desarrollarán plataformas de legislación colaborativa para que la ciudadanía pueda participar directamente en la elaboración de normas mediante propuestas de enmiendas, debates estructurados y síntesis de aportaciones.
La ley reforzará la participación presencial con instrumentos mixtos, como paneles ciudadanos permanentes y laboratorios de innovación pública, que combinan encuentros en persona con herramientas digitales, promoviendo una participación más amplia y diversa.
Proceso de consulta pública
En las próximas semanas, el anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto será sometido a información pública y podrá ser consultado en el portal web del Gobierno de Canarias, en el apartado dedicado a Participación Ciudadana, donde asociaciones y entidades están invitadas a hacer sus aportaciones para enriquecer el texto normativo.
