La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó este viernes 10 de julio en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrada en Madrid, donde se volvió a exigir al Ministerio de Sanidad que busque consenso para resolver el conflicto que mantiene el colectivo médico con el Gobierno central. La huelga estatal de médicos, que responde a desacuerdos sobre el Anteproyecto del Estatuto Marco, continúa afectando a todas las autonomías, incluida Canarias, con un impacto significativo en la atención sanitaria.
Propuesta común para desbloquear la negociación
En el encuentro, los consejeros de Sanidad de las 17 comunidades autónomas presentaron un decálogo de medidas consensuado tras la reunión previa de la Comisión de Recursos Humanos, órgano en el que están representadas todas las autonomías. Este documento recoge una serie de propuestas destinadas a reconducir la negociación del Anteproyecto del Estatuto Marco y garantizar tanto consenso profesional como seguridad jurídica para su aplicación en el SNS.
Esther Monzón destacó la necesidad de que el Ministerio lidera y reconduzca el diálogo desde la Comisión de Recursos Humanos, valorando el trabajo técnico realizado y presentando una memoria económica que evalúe el impacto de las medidas para que la normativa sea viable.
La consejera advirtió sobre el riesgo de que la huelga estatal persista a pesar de las posibles mejoras que las comunidades puedan acordar dentro de sus competencias, lo que agrava el daño en el sistema sanitario de diversas regiones.
Impacto en Canarias y llamamiento al diálogo
Según los datos aportados, en Canarias la huelga médica ha provocado la suspensión de 80.000 actos médicos en los últimos seis meses, una cifra que subraya la urgencia de resolver el conflicto. En palabras de Monzón, “poco margen nos deja esta situación si adoptamos medidas locales y el conflicto estatal continúa”.
Desde principios del año, Canarias se posiciona entre las comunidades que anticipan soluciones y reclaman mediación independiente. En marzo, junto a Euskadi y Castilla-La Mancha, la consejera firmó una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García, proponiendo la incorporación de una entidad mediadora externa para facilitar un diálogo efectivo y desbloquear la situación.
Además, en la reunión del 10 de junio del Consejo Interterritorial, las autonomías ratificaron su compromiso con los profesionales y pacientes e instaron al Ministerio a adoptar medidas estructurales que refuercen la disponibilidad de personal sanitario y garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
