El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, fijar un importe mínimo de reserva de 2,7 millones de euros para 2027 dirigido a centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción y programas de empleo protegido en la contratación pública.
Esta medida implica que los distintos departamentos del ejecutivo autonómico deben reservar la cuantía que se les asigne para este fin, distribuyéndose en función de su participación en el último presupuesto consolidado. La cifra, que deroga las anteriores establecidas en 2019, se someterá a revisión anual durante el primer semestre de cada ejercicio para aplicarse al año siguiente, prorrogándose automáticamente en caso de ausencia de nuevo acuerdo.
Distribución y condiciones de la reserva en contratación pública
El Gobierno de Canarias ha establecido que cada consejería, junto con sus organismos y entes públicos y privados adscritos, tendrá asignado un importe mínimo para contratos con entidades sociales, fomentando así la inclusión y la responsabilidad social en la administración pública. Para calcular el importe reservado, se tendrá en cuenta el presupuesto base de licitación o el valor estimado de contratos publicados durante el año, incluido el IGIC.
No computarán para el cumplimiento del importe los contratos realizados por tramitación de emergencia, contratos reservados ni sus prórrogas, así como tampoco la reserva operada a través de subcontratación. En el caso de la contratación menor, que también puede estar dirigida a entidades susceptibles de reserva, su cómputo se limita al 25% del importe mínimo asignado por departamento.
Metodología y seguimiento para asegurar el cumplimiento
Con este acuerdo, el Gobierno de Canarias pretende dotar a los órganos de contratación de una metodología clara y realista para garantizar el cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva, que abarca todo el sector público institucional, incluidas sociedades y fundaciones públicas. Además, define con precisión las condiciones de cumplimiento y se alinea con la contratación estratégica y los informes de supervisión previos.
Para hacer efectivo este control, se implementará una metodología de seguimiento basada en análisis de datos y propuestas de mejoras, promoviendo la profesionalización de las unidades de contratación y fortaleciendo el sector económico al que va dirigida la reserva. También se creará un registro de entidades aptas para la reserva de contratos, facilitando la transparencia y la eficiencia del proceso.
Impulso a políticas sociales y económicas a través de la compra pública
El Gobierno destaca que la compra pública es una herramienta eficaz para implementar políticas económicas y sociales. Con la actualización del límite de reserva hasta casi 3 millones de euros, se espera favorecer la inclusión de colectivos vulnerables a través de la participación de entidades especiales en los procesos de contratación del sector público de Canarias.
