La consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha puesto en marcha un análisis exhaustivo sobre el estado de la compra pública en Canarias, en el contexto de las modificaciones anunciadas en 2025 por la Comisión Europea en materia de contratación. Esta iniciativa, liderada por la consejera Matilde Asián, busca disponer de datos desagregados y comparables que permitan ajustar los procedimientos y mejorar la profesionalización de los equipos responsables.
La contratación pública representa un volumen significativo, que oscila entre el 15 y el 20 % del PIB estatal, por lo que su mejora impacta directamente en la economía y en la calidad de los servicios públicos. Para ello, el diagnóstico partirá de la información disponible en fuentes abiertas como la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), complementada con análisis estadísticos y segmentación según el tipo de contrato y administración.
Variables y comparaciones para un diagnóstico detallado
El estudio evaluará diversas variables, entre las que se incluyen la competencia efectiva, la frecuencia de licitaciones desiertas, la evolución de las bajas económicas y los criterios de adjudicación utilizados. Además, se realizará una comparativa con otras regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, como Azores y Madeira, así como con las Islas Baleares, con el objetivo de identificar patrones específicos vinculados a la ultraperificidad y valorar ajustes justificados en los procesos.
La consejera Matilde Asián subraya que “disponer de un mapa claro y actualizado de la contratación en Canarias permitirá fundamentar decisiones y priorizar mejoras útiles para las administraciones y para las empresas licitadoras”.
Resultados esperados y adaptación normativa
Entre los resultados previstos sobresale un diagnóstico integral del estado de las licitaciones en Canarias, acompañado de recomendaciones operativas para simplificar y clarificar los procedimientos. Además, se anticipan medidas para favorecer la concurrencia y reducir el número de licitaciones desiertas, así como propuestas alineadas con la normativa europea, especialmente las adaptaciones vinculadas a las regiones ultraperiféricas (RUP).
El análisis contempla, asimismo, la creación de indicadores de seguimiento y el diseño de un esquema de evaluación periódica para asegurar la mejora continua en los procesos de contratación pública en las islas.
