La iniciativa, pendiente de aprobación en el Consejo de Gobierno, potenciará la eficiencia en los procesos administrativos y facilitará la toma de decisiones basadas en datos
El Gobierno de Canarias tiene previsto poner en marcha en septiembre de 2026 la Estrategia del Dato Administrativo, cuyos ejes y objetivos ya han sido aprobados en la Comisión de Transformación Digital de la institución.
Una vez reciba el visto bueno del Consejo de Gobierno en fechas próximas, se implementará la infraestructura de soporte necesaria mediante una Oficina de Apoyo a los Departamentos del Gobierno de Canarias. Esta oficina contará con Unidades del Dato coordinadas y alineadas con el modelo de gobernanza diseñado dentro de la estrategia.
La implantación de un modelo de gestión y gobierno de datos con fines administrativos en la Comunidad Autónoma de Canarias se considera una prioridad para asegurar la calidad, interoperabilidad, seguridad y reutilización de la información administrativa.
Mejora de la eficiencia y calidad de los servicios públicos
El uso adecuado y eficaz de los datos facilitará a la administración agilizar procesos, aumentar la eficiencia y simplificar trámites. Reducirá duplicidades y mejorará la coordinación entre departamentos, de modo que cuando se solicite una información básica al ciudadano, como nombre, dirección o teléfono, esta estará disponible para futuros trámites sin necesidad de pedirla nuevamente.
Este enfoque permitirá ofrecer aclaraciones sobre expedientes, nuevos servicios y evitará que la administración vuelva a solicitar los mismos datos a los ciudadanos en sucesivas interacciones.
Asimismo, los datos servirán para que el Gobierno de Canarias tome decisiones fundamentadas en información actualizada, lo que facilitará definir políticas públicas, asignar presupuestos y desarrollar iniciativas adaptadas a las necesidades emergentes.
Innovación tecnológica y transparencia en la administración
El uso eficiente de los datos contribuirá a acortar los tiempos de espera en los trámites y será clave para aplicar tecnologías innovadoras como inteligencia artificial, robotización y geolocalización de expedientes, optimizando y priorizando servicios públicos.
Asimismo, permitirá ofrecer servicios proactivos orientados a que las personas puedan recibir prestaciones a las que tienen derecho, incluso sin conocerlas previamente, gracias a la iniciativa de la propia administración.
Además, el dato facilitará contar con una administración más transparente, ya que una parte significativa de la información, aquella que no es personal, podrá publicarse. Esto beneficiará tanto a ciudadanos como a empresas, quienes podrán mejorar sus servicios y aumentar la accesibilidad.
La importancia económica del dato es también evidente: se estima que en la actualidad la economía del dato aporta alrededor del 3,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) español y el 8 % del europeo.
