El Gobierno de Canarias está tramitando el primer decreto autonómico que establecerá el procedimiento para conceder y pagar ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales con insuficiencia de recursos. La iniciativa busca aplicar en la Comunidad Autónoma el derecho contemplado en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, garantizando así el acceso a estas prestaciones en Canarias.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, subrayó que con esta regulación se avanza para “garantizar que los derechos reconocidos por la legislación se traduzcan en una protección real y efectiva para las víctimas de violencias sexuales”. En su opinión, “la recuperación no puede entenderse sin favorecer también su autonomía económica, eliminando obstáculos administrativos y facilitando el acceso a los recursos públicos a quienes más los necesitan”.
Requisitos y gestión de las solicitudes
El decreto establece que podrán acceder a las ayudas las víctimas que cumplan los requisitos previstos en la legislación estatal y que estén empadronadas en cualquier municipio canario. Además, define el procedimiento que seguirá el Instituto Canario de Igualdad para la gestión de solicitudes, estableciendo la documentación necesaria, los plazos para la resolución y las modalidades de pago.
Asimismo, la condición de víctima podrá acreditarse mediante resolución judicial, informe del Ministerio Fiscal o a través del sistema de acreditación administrativa estatal, lo que incluye informes de los servicios especializados en atención a víctimas. El decreto también simplifica la tramitación al permitir la consulta electrónica de datos con autorización del solicitante, reduciendo la carga documental y agilizando el proceso.
Prioridad para casos urgentes y medidas de protección
Entre las novedades figura la tramitación prioritaria para solicitudes de víctimas en situaciones de especial urgencia o vulnerabilidad social y económica, acreditadas por recursos especializados de atención integral. Esta medida pretende garantizar una respuesta más rápida en los casos de mayor necesidad.
El texto también regula la posibilidad de solicitar prórrogas de las ayudas cuando proceda, su compatibilidad con otras prestaciones y el procedimiento para reintegro en los casos previstos por la normativa.
Garantías para solicitudes en curso y coordinación institucional
La norma incluye una disposición transitoria que garantiza que las solicitudes presentadas desde la entrada en vigor del desarrollo reglamentario estatal puedan tramitarse conforme al nuevo procedimiento, evitando perjuicios en los derechos de las personas solicitantes.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias establece el marco normativo para la gestión autonómica de estas ayudas e incorpora esta prestación al conjunto de recursos del Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género, reforzando la coordinación institucional y la atención integral a las víctimas de violencias sexuales.
