La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha insistido en la necesidad de actualizar la Ley del Turismo para adaptarla a la realidad actual de las islas. En una sesión en el Parlamento autonómico, señaló que la legislación vigente, con más de treinta años, genera inseguridad jurídica tanto para propietarios como para explotadores turísticos. Por ello, urgió a sumar esfuerzos con una mirada amplia para responder a las necesidades presentes del sector y los titulares.
Una normativa obsoleta y un conflicto sin resolver
De León explicó que el Gobierno no plantea eliminar la gestión unitaria ni renunciar al control del sector, sino crear un instrumento más eficaz que garantice la calidad, homogeneidad y sostenibilidad del turismo en Canarias. Además, recalcó que la actual situación de complejos turísticos con múltiples propietarios y conflictos entre residentes y explotadores es un problema heredado de décadas y que ninguna administración ha logrado solucionar hasta ahora.
Por ello, el Ejecutivo impulsa una nueva ley que reemplazará la Ley 7/1995 y la Ley 2/2013, buscando involucrar a todas las partes implicadas mediante un proceso participativo. De hecho, ya cuenta con 745 aportaciones de asociaciones, sindicatos, ecologistas y otros colectivos, lo que muestra su compromiso con un diálogo abierto para construir el nuevo marco normativo.
Entre sus objetivos está permitir y reconocer las segundas residencias, especializar los usos turísticos a nivel municipal, identificar qué alojamientos siguen en régimen vacacional y fortalecer el principio de unidad de explotación.
Aplicación y cumplimiento de la ley vigente
Mientras se desarrolla esta reforma, la Consejería sigue obligada a aplicar la legislación actual, defendió la consejera. «La Consejería no abusa, no echa y no persigue», aclaró, afirmando que la inseguridad jurídica real deriva de la inacción y los conflictos no resueltos. La gestión actual se basa en recientes sentencias judiciales que avalan la interpretación del ordenamiento jurídico vigente, mostrando firmeza en la defensa del principio de unidad de explotación y el uso que deben respetar los alojamientos.
De León citó que, según la jurisprudencia, no basta con que una propiedad tenga uso residencial durante cuatro años para consolidarlo, sino que es requisito que los ayuntamientos especialicen previamente esos usos a través de sus instrumentos de planeamiento. Además, destacó que el derecho de propiedad está condicionado por la función social y las normativas urbanísticas y turísticas vigentes.
En conclusión, la titular ha subrayado que Canarias requiere una ley que equilibre la competitividad turística con la protección de los derechos de propietarios afectados por esta situación prolongada. «Ese es el compromiso de este Gobierno», remarcó.
