La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha incrementado la capacidad del Servicio de Inspección y Acreditación de Centros para mejorar el control y la evaluación de servicios sociales en la comunidad autónoma. Así lo anunció Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, durante la comisión de Derechos Sociales celebrada el 17 de junio de 2026 en el Parlamento de Canarias.
Más control y seguimiento en centros sociales
El refuerzo del Servicio de Inspección se enmarca en una actividad continua y sistemática de supervisión en toda Canarias, que abarca visitas periódicas a centros residenciales, centros de día y otros recursos sociales dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. La medida busca incrementar la capacidad para hacer seguimiento y evaluación de los servicios prestados, tanto en el ámbito público como privado.
“Queremos consolidar un modelo de inspección más sistemático, con mayor capacidad de análisis, seguimiento y verificación de las condiciones reales de atención que reciben las personas usuarias”, explicó la consejera Candelaria Delgado. Además, añadió que se enfocarán en “una inspección orientada no solo a verificar el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, sino también a evaluar la calidad real de la atención que reciben las personas”.
Para avanzar en esta línea, se implementará un sistema basado en indicadores comparables, seguimiento de planes de mejora y evaluación de resultados, que permita una supervisión más exhaustiva y con datos objetivos.
Nuevo servicio de apoyo técnico para reforzar la inspección
Como parte del fortalecimiento, la Consejería ha licitado un servicio de apoyo técnico que complementará las labores inspectoras con tareas de revisión documental, asistencia a visitas, análisis de indicadores y organización de la información obtenida.
Este servicio permitirá mejorar la calidad de las actuaciones y la verificación de estándares organizativos, dotando a la Administración de información más completa para la toma de decisiones. No obstante, Candelaria Delgado aclaró que este refuerzo no implica externalizar la potestad inspectora, que seguirá siendo competencia exclusiva de la Administración autonómica, responsable de supervisar, valorar incumplimientos, emitir informes y proponer medidas correctoras o sancionadoras cuando corresponda.
La consejera subrayó que el objetivo principal es fortalecer el control público para asegurar que los centros acreditados mantienen las condiciones exigidas y brindan una atención adecuada a las personas usuarias.
Coordinación con Policía Canaria y Fiscalía para proteger derechos
La actividad de inspección se realiza además en coordinación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, de acuerdo con un convenio firmado en marzo de 2024, y con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta colaboración refuerza los mecanismos de protección de los derechos de las personas atendidas en los centros sociales.
Entre los aspectos que se controlan destacan la organización de los servicios, los recursos humanos, la accesibilidad, la seguridad y la salubridad, así como el cumplimiento de protocolos y documentación. Además, se presta especial atención a indicadores relacionados con el respeto a la autonomía y dignidad de los usuarios.
