La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias aclara que el proyecto ubicado en la Zona de Interés Acuícola TF-5, frente a las costas de Adeje, no cuenta con permiso para su ejecución y debe superar todos los trámites ambientales y sectoriales antes de recibir una resolución definitiva.
Estado actual del proyecto y aclaraciones sobre el concurso público
El proyecto acuícola promovido en la Zona de Interés Acuícola TF-5, situada frente a las costas de Adeje, no posee autorización administrativa para iniciar su ejecución según ha informado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Este debe superar todos los procedimientos ambientales y sectoriales establecidos por las normativas autonómica, estatal y europea antes de cualquier resolución definitiva.
En relación con las afirmaciones de la asociación ATAN, la Consejería subraya que la resolución aprobada en febrero de 2026 únicamente seleccionó al proyecto ganador del concurso público convocado para esa zona, pero dicha resolución no implica autorización para la implantación o explotación de la actividad acuícola proyectada.
La Dirección General de Pesca ha rechazado además las acusaciones de ocultación de información al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues se ha remitido formalmente un informe detallado sobre el estado del expediente, explicando los trámites administrativos y ambientales pendientes.
Protección ambiental y planificación previa
El proyecto se emplaza cerca de la Zona Especial de Conservación ES7020017 Franja Marina Teno-Rasca, circunstancia que no ha sido ocultada ni ignorada. Esta área protegida está explícitamente incluida en la planificación acuícola aprobada para la zona y en las bases reguladoras del concurso, que exigen obtener los informes favorables pertinentes antes de resolver el procedimiento.
La delimitación de las Zonas de Interés Acuícola incluidas en el PROAC resultó de un proceso de planificación que finalizó en 2018. En este participaron administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, organismos ambientales, sectores económicos, organizaciones sociales y ciudadanía, culminando con la aprobación del instrumento de ordenación y su evaluación ambiental estratégica.
Actualmente, el expediente se encuentra en fase de análisis y valoración de alegaciones, observaciones e informes presentados durante el período de información pública, lo que puede implicar la necesidad de aclaraciones o modificaciones en la documentación técnica y ambiental antes de continuar.
Próximos pasos en evaluación ambiental y participación pública
Por este motivo, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada aún no se ha iniciado formalmente. Este debe desarrollarse una vez concluya el análisis de la información pública y se disponga de una versión consolidada del proyecto y la documentación ambiental correspondiente.
Durante esa fase se solicitarán y emitirán los informes ambientales y sectoriales exigidos por la ley, incluyendo aquellos relacionados con la Red Natura 2000 y la compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria, junto con las autorizaciones e informes previstos por la normativa vigente.
Respecto a la documentación técnica presentada, corresponde a la Administración verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales, técnicos y administrativos antes de adoptar cualquier resolución. Las alegaciones realizadas por particulares, entidades y organizaciones durante el período de información pública están siendo analizadas dentro del procedimiento en curso.
Compromiso con el rigor en la tramitación y protección ambiental
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria reitera su compromiso con el máximo rigor jurídico, técnico y ambiental en la tramitación de los proyectos acuícolas, garantizando el cumplimiento de todos los procedimientos de evaluación, participación pública y protección ambiental establecidos.
Cualquier decisión sobre la concesión administrativa del proyecto en Adeje dependerá del resultado favorable de todos los informes, evaluaciones y controles que exige el ordenamiento jurídico vigente.
