La Universidad de La Laguna y la Agencia Tributaria Canaria (ATC) han firmado un convenio para que esta última asuma la gestión ejecutiva de los créditos públicos impagados del centro académico. El acuerdo pretende incrementar la eficacia en la recaudación, disminuir la morosidad y aprovechar mejor los recursos públicos universitarios.
Delegación de funciones para agilizar la recaudación
El convenio fue suscrito por la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, y el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, en presencia de la directora de la ATC, Raquel Peligero. Comisión promovida por la gerencia universitaria, que contempla delegar en la ATC el servicio de gestión del cobro de las deudas que la universidad no logra ejecutar eficazmente.
Aunque la Universidad de La Laguna tiene la potestad para dictar providencias de apremio sobre sus derechos económicos, carece de los medios técnicos y sistemáticos para una gestión recaudatoria efectiva en la vía ejecutiva, situación frecuente entre las administraciones. Por ello, el documento acuerda que sea la ATC quien asuma estas funciones para mejorar los resultados.
Responsabilidades y procedimiento en el convenio
La universidad mantendrá la competencia para resolver los recursos e incidencias vinculados a las liquidaciones en periodo voluntario de las deudas, así como para expedir los títulos ejecutivos y providencias de apremio. Además, gestionará las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en periodo ejecutivo y decidirá sobre la declaración de créditos incobrables.
En contraprestación, la Agencia Tributaria Canaria se encargará de tramitar los recursos de reposición contra actos de gestión recaudatoria y la ejecución de garantías. También adoptará medidas cautelares y podrá proponer a la universidad emitir actos administrativos para derivar responsabilidades solidarias o subsidiarias tras concluir las actuaciones.
Compromiso con la responsabilidad y flexibilidad de pago
Tanto Francisco García como Matilde Asián destacaron la disposición del centro para facilitar pagos fraccionados cuando sean necesarios. No obstante, resaltaron que resulta imprescindible mantener una actitud rigurosa con el manejo del dinero público y asegurar la ejecución de las deudas contraídas.
